¿Estado de México… o de la Familia Michoacana? LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

Operativo Liberación ataca las estructuras económicas del narco, pero no toca a los narcopolíticos que las permitieron
Mientras el gobierno mexiquense presume avances contra el crimen organizado, la cruda realidad es que la Familia Michoacana controla la economía de al menos 75 municipios del Estado de México con una eficacia que ya la quisieran muchas secretarías de Desarrollo Económico. Este cártel no solo impone cuotas ilegales y precios inflados —con sobreprecios de hasta 400% en materiales de construcción—, sino que ha establecido un monopolio criminal sobre bienes básicos como carne, huevo, tortillas, cerveza y hasta mezcal… siempre que lleve su calcomanía de la fresa, símbolo del capo José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa.
Este control absoluto de mercados, minas, rastros, servicios turísticos y hasta paqueterías —donde interceptan y retienen pedidos de Amazon o Estafeta— sería impensable sin la complicidad de buena parte del aparato gubernamental del Estado de México, no sólo a nivel municipal. Durante años, muchos funcionarios simplemente miraron hacia otro lado… o colaboraron activamente.
El reciente Operativo Liberación, anunciado con bombo y platillo tras seis meses de investigaciones, es apenas una aspirina para un cáncer institucional. Aunque se aseguraron 63 inmuebles y se detuvo a regidores, líderes sindicales y empresarios vinculados a la estructura financiera del cártel, el fiscal estatal, José Luis Cervantes Martínez, reconoció que la organización llevaba años operando con carpetas de investigación empolvadas y bajo un “esquema de protección institucional” que involucró incluso a presidentes municipales y directores de seguridad pública.
El dominio de este grupo no es clandestino: crearon sindicatos fachada para blanquear operaciones, impusieron compras exclusivas en negocios “autorizados” y usaron amenazas de muerte para someter a quien se resistiera. Aquel que intentaba escapar de sus redes era “levantado” o ejecutado.
La omisión del Estado ha sido tan descarada que permitió la instauración de un sistema feudal en pleno siglo XXI, donde comunidades enteras pagan tributo al crimen organizado mientras la justicia llega —si llega— tarde, mal o nunca.
El colmo ocurrió en Texcapilla, en diciembre de 2023, cuando los propios pobladores tuvieron que tomar las armas para defenderse de la Familia Michoacana, dejando un saldo de 14 muertos y varios desaparecidos. Hasta hoy, el paradero de muchos de esos comuneros sigue sin esclarecerse.
En resumen: la Familia Michoacana no solo extorsiona… gobierna. Y lo hace gracias al silencio cómplice de autoridades que, lejos de combatirla, fueron parte estructural de su modelo de negocios. ¿Será el Operativo Liberación el principio del fin? Ojalá. Pero es difícil creerlo mientras no se revise con lupa la actuación —o inacción— de al menos las tres administraciones estatales anteriores, encabezadas por Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza. Los tres, por cierto, hoy arropados y protegidos por Morena y sus aliados.