Autoridades de la 4té toleran que cárteles aterroricen a 800 mil sexoservidoras en 70% del país

En México, el trabajo sexual enfrenta una crisis humanitaria profunda. Según Elvira Madrid Romero -citada por Gloria Leticia Díaz en un reportaje de Proceso-, fundadora de Brigada Callejera, el crimen organizado ha extendido su control sobre este sector en al menos el 70% del país, imponiendo cuotas, utilizando violencia extrema y operando con la complicidad —o al menos la inacción— de autoridades civiles y policiacas.

Lo que antes era persecución policiaca o moralina hipócrita, hoy es una maquinaria sistemática de terror y esclavitud administrada por cárteles y tolerada —cuando no promovida— por ministerios públicos, policías y funcionarios que deberían proteger, no encañonar. El “derecho de piso” no es un fenómeno aislado, sino una práctica establecida: en la CDMX, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua o Cancún, se exige a las trabajadoras sexuales pagos semanales de hasta 3 mil pesos, bajo amenaza de golpizas, “tableadas” o directamente la muerte.

¿Y el gobierno de la 4T? Bien, gracias. Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno, simplemente se negó a recibirlas. ¿De qué sirve presumir una izquierda feminista si se ignora sistemáticamente a las mujeres más pobres, más violentadas, más explotadas del país? “Con Claudia en la Presidencia, no llegamos todas”, sentencia Madrid, con una claridad que desmonta todo el discurso progresista oficial.

La denuncia de Elvira es tan brutal como reveladora: el crimen no solo cobra cuotas, sino que usa a las trabajadoras sexuales como mercancía multifuncional: consumidoras forzadas de droga, halconas, esclavas sexuales. Si se rebelan o buscan autonomía, las matan. En la Ciudad de México, incluso han desplazado a los cárteles locales: el Tren de Aragua, importado con todo y su violencia venezolana, opera con total impunidad, protegido por policías que patrullan para evitar fugas, no delitos.

El colmo: cuando se denuncia la trata, es el mismo Ministerio Público quien filtra las carpetas a los criminales. ¿Quién necesita sicarios si ya se tiene al MP?

Las denuncias recogidas en el XXVIII Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual conforman un verdadero catálogo del horror institucionalizado: desapariciones en Chihuahua, amenazas del INM a migrantes explotadas en Tapachula, mujeres quemadas vivas en Cancún por querer independizarse, y policías de la CDMX fabricando delitos para silenciar protestas.

Las ciudades fronterizas, según Elvira, están perdidas. “Ya no podemos ir al norte”, admite, resignada ante un país donde denunciar significa poner en juego la vida propia y la de tus seres queridos. Pero aun así lo hacen. Y lo hacen solas.

Mientras tanto, en Palacio Nacional —a unas cuadras de las oficinas de Brigada Callejera— reina el silencio. Un silencio cómplice, ensordecedor. Porque no es que no sepan. Es que no quieren actuar.

Como dice Elvira Madrid: “Aunque digan que son de izquierda, que están en favor del pueblo, lo cierto es que nadie nos escucha”.

Y en esta “transformación” tan celebrada, las más jodidas siguen siendo las mismas. Solo que ahora, además de pobres y olvidadas, están marcadas por los cárteles y desechadas por el Estado.