Los coordinadores de la 4T, más preocupados por blindar privilegios que por defender la Constitución
Por Jesús López Segura
Francisco Vázquez, Oscar González Yáñez y José Couttolenc acordaron en lo oscurito regalarle una magistratura a Héctor Macedo García, actual presidente del Poder Judicial, al concluir su mandato en 2027.
Seis horas de debate acalorado sirvieron para confirmar lo que muchos sospechaban: la cacareada “democratización” del Poder Judicial en el Estado de México no es más que un disfraz para legitimar albazos legislativos y privilegios de élite. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial fue aprobada de madrugada en comisiones por Morena, PT y PVEM, pese a que hasta sus propios legisladores reconocieron la aberración jurídica de uno de sus transitorios: un auténtico regalo de magistratura para el actual presidente del Poder Judicial, al concluir su mandato en 2027.
El despropósito fue tan evidente que hasta diputados morenistas y de su “chiquillada” legislativa —PT y PVEM— expusieron su indignación. La diputada del PT, Ana Yurixi Leyva Piñón, no se mordió la lengua: “Votar esto sería un retroceso profesional. Es una aberración jurídica. Los cargos judiciales se ganan en la calle, en las urnas, y no aquí”. Palabras que retumbaron como bofetada al coordinador de su propio partido, Óscar González Yáñez, autor de la legendaria frase “con el PT no te pases de listo”, cuando era un muy alegre presidente municipal de Metepec, quien, junto con Francisco Vázquez (Morena) y José Couttolenc (PVEM) maquinaron esta jugada en lo oscurito y sin consultar siquiera a sus bancadas.
La incongruencia fue mayúscula. Primero aprobaron en lo general el dictamen, enterrando propuestas de oposición que buscaban fortalecer la autonomía judicial, y luego se escandalizaron ante el “transitorio de la vergüenza”. La diputada de MC, Ruth Salinas, lo sintetizó con precisión quirúrgica: “Lo que se busca es ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Es un fraude a la ley”.
Pero los líderes legislativos de Morena y sus aliados parecieron sordos. El cálculo político les pudo más que el respeto constitucional. Incluso cuando Octavio Martínez, de Morena, admitió que aprobar semejante barbaridad constituye un “papelón” digno de ser echado abajo en tribunales, la mayoría se aferró a mantener vivo el artículo para que sea el pleno quien lo decida.
El episodio exhibe la verdadera lógica del oficialismo: predicar democracia mientras se amarran prebendas; gritar contra el “fraude” del pasado para luego cocinar sus propias triquiñuelas con la venia del poder en turno. Y todo, bajo la sombra complaciente de Francisco Vázquez, el mediocre coordinador morenista, cuya falta de compromiso con el espíritu democratizador del discurso oficial queda tan desnuda como grotesca.
La batalla pasará ahora al pleno, pero el daño ya está hecho: el Congreso mexiquense mostró que la supuesta “transformación judicial” no es más que un trueque de favores políticos. La diferencia es que esta vez, voces críticas como la de Ana Yurixi dejaron constancia de que ni dentro de la chiquillada hay paciencia infinita para avalar aberraciones jurídicas disfrazadas de reformas históricas.
Muy pronto se les cayó la careta a los “democratizadores” del Poder Judicial en el Estado de México.
