Pena de 50 años de prisión a la indígena otomí María Guadalupe Martínez en el Estado de México
Después de años de prisión irregular, solo ahora contó con una traductora en su lengua materna
La justicia mexiquense volvió a hacer de las suyas. María Guadalupe Martínez, mujer otomí y madre de dos menores, fue condenada a 50 años de prisión por secuestro. No obstante, su caso huele más a venganza que a justicia: la denuncia proviene de la actual pareja de su expareja, el mismo hombre que durante años la golpeó y que hoy disfruta de libertad mientras ella enfrenta la pesadilla de un sistema que la usó como chivo expiatorio.
“Recibo esta sentencia con mucha rabia, tristeza y dolor al pensar que me separan otra vez de mis hijos. Yo soy inocente”, dijo Lupita, apenas unos segundos después de escuchar el veredicto en los juzgados de Almoloya de Juárez. Y quién podría culparla: solo este jueves, después de años de proceso y encarcelamiento irregular, fue la primera vez que contó con una traductora en su lengua materna, el otomí. Antes de eso, las audiencias fueron una larga sucesión de palabras incomprensibles, papeles firmados sin entender y audiencias sin defensa efectiva.
El a todas luces racista juez Víctor Martín Mejía Hernández decidió que Lupita “no mostró intención de disculparse ni de reparar el daño”, como si la confesión fuese parte del menú obligatorio para evitar décadas de cárcel. Mientras tanto, la abogada Gabriela Amores insiste en que su clienta fue víctima de un proceso plagado de irregularidades: la detención fue arbitraria, las pruebas de inocencia ignoradas y las denuncias, curiosamente, interpuestas siempre por la misma pareja, redactadas por el mismo agente del Ministerio Público.
La historia de Lupita —empleada doméstica, pobre, indígena y mujer— encaja a la perfección en el molde de quienes terminan pagando por los pecados del sistema. Su “delito” real parece haber sido reclamar la pensión alimenticia de sus hijos y atreverse a romper con un hombre violento. Desde entonces, una lluvia de carpetas judiciales cayó sobre ella: abuso sexual, tentativa de feminicidio, secuestro. De las dos primeras fue absuelta. De la última, acaba de recibir medio siglo de prisión.
Mientras su excompañero sigue impune y sin aportar un peso para sus hijos, Lupita cumple ahora una condena dictada por un aparato judicial que se ciega ante los poderosos y se ensaña con los vulnerables. Su caso revela, una vez más, que en el Estado de México la justicia no es ciega: solo mira hacia abajo.
Con información de El País
