Nancy Nápoles dice tener pruebas de que empleados de Duarte trabajan para desacreditarla
En el Estado de México ya no se sabe qué resulta más sorprendente: el supuesto secuestro de una alcaldesa o la velocidad con la que la Fiscalía construye expedientes cuando el asunto tiene aroma político.
La alcaldesa de Tenancingo y presidenta del Consejo Estatal de Morena, Nancy Nápoles, rechazó la versión de la Fiscalía mexiquense que la acusa de haber simulado su secuestro y de encabezar una administración con presuntos problemas financieros. La edil sostiene que la dependencia manipuló la información que ella misma aportó en su denuncia, tergiversó testimonios y construyó una narrativa basada en un testigo beneficiado con “criterio de oportunidad”, lo que le haría decir cualquier cosa.
Más aún, Nápoles señaló directamente a operadores de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Horacio Duarte, como los responsables de una ofensiva para desacreditarla y abrir espacios de poder en la región. Sin mencionar por nombre a Duarte, la acusación apunta hacia una estructura política que, según ella, estaría utilizando instituciones del Estado para ajustar cuentas y reacomodar fuerzas dentro de Morena.
La alcaldesa negó cualquier desfalco en el ayuntamiento, aseguró que las finanzas municipales están sanas y pidió auditorías para demostrarlo. Al mismo tiempo, hizo un cuidadoso deslinde político: reiteró su lealtad a la gobernadora Delfina Gómez y sugirió que las maniobras en su contra provienen de funcionarios que estarían actuando por cuenta propia.
La pregunta inevitable es –independientemente de la inocencia o culpabilidad de la imputada– si la Fiscalía está investigando delitos o participando en disputas internas del poder. Porque si una presidenta municipal morenista acusa a operadores del propio gobierno estatal de utilizar la procuración de justicia como arma política, y asegura tener datos y pruebas, el problema ya no es únicamente Tenancingo: es la sospecha de que algunas instituciones podrían estar sirviendo más a proyectos personales de un aspirante prematuro, que al mandato de la gobernadora.
Por lo pronto, a través de un comunicado difundido este jueves, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento sancionador ordinario en contra de la alcaldesa mexiquense. ‘En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro Movimiento’, señala el comunicado.
En contraste, este jueves, la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Edomex, Martha Camacho Reynoso, aseguró que la Legislatura no ha recibido denuncias ni solicitudes formales relacionadas con el caso de Nancy “N”. Pidió –como lo hizo en el caso de Fernando Flores, alcalde de Metepec— esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir cualquier juicio.
