Como ofreció Maurilio, aprueban en comisiones del Congreso iniciativa sobre matrimonios igualitarios

Ahora solo falta que le cumplan a la mayoría, con la despenalización del aborto en el Estado de México

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

Comisiones unidas del Congreso local aprobaron el matrimonio igualitario en el Estado de México, al establecer en la legislación civil estatal que el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas de manera libre y voluntaria deciden compartir un estado de vida, con lo cual, la entidad se convertiría en la 29 en el país en aprobar estas reformas.

En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género, las y los diputados establecieron que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y que el concubinato es la relación de hecho entre dos personas, las que viven juntas y hacen vida en común por un periodo mínimo de un año, que no se considerará cuando haya hijos o hijas.

Asimismo, que las concubinas y concubinos tienen derechos y obligaciones alimentarias de familia, hereditarios y de protección contra la violencia familiar, en especial en cuanto a la protección de mujeres y menores.

Celebro sinceramente este paso adelante en la protección legal de minorías tradicionalmente despreciadas por sectores decimonónicos de presión, como la Iglesia Católica, tan influyente sobre políticos mexiquenses de todos los colores partidistas.

El boletín del Congreso mexiquense no explica, sin embargo, cómo se negoció finalmente el espinoso asunto de la adopción, para parejas del mismo sexo que no puedan procrear, porque hay objeciones bien fundamentadas de exponer a niños y niñas a situaciones familiares atípicas que podrían crearles conflictos psicológicos e inducirlos a conductas que ven desde pequeños como naturales y comunes, cuando no lo son.

Nadie debería interferir en los gustos e inclinaciones de los adultos, y eso incluye preferencias sexuales y consumo de enervantes entre una gran diversidad de opciones, pero los derechos de los niños a crecer en un ambiente neutral, libre de adicciones, violencia familiar y cualquier otro tipo de inconvenientes, debe privar sobre cualquier otra consideración.

Lo mismo puede decirse del derecho de las mujeres -que son por cierto la mayoría de la población- a ejercer la soberanía absoluta sobre sus cuerpos, sin que nadie se tome el atrevimiento de decirle cuándo, cómo y dónde procrear, si es que desea hacerlo, independientemente de que por accidente o por lo que sea, quede embarazada.

La mujer, que ha sido sojuzgada durante milenios por el hombre, debe contar con todo el apoyo de la sociedad para interrumpir su embarazo, antes de las 12 semanas, en las mejores condiciones médicas posibles, sobre todo ahora en un mundo amenazado terminalmente por el cambio climático, por la violencia incontrolable de grupos criminales que rebasan por completo la capacidad del Estado para someterlos, y ya no digamos que por la miseria que azota a cada vez más amplios sectores de una sociedad que ya hubiera reventado, hace años, si no fuera por las generosas remesas de sus familiares migrantes.

Dios bendiga a las parejas de cualquier tipo que decidan formalizar su relación. ¡Que el Estado las proteja!, pero también Dios bendiga a miles de mujeres fallecidas y olvidadas que se vieron en la encrucijada de abortar, en condiciones insalubres, por la hipocresía criminal de mojigatos convencidos de que antes de las 12 semanas, un prospecto embrionario es ya un ser humano con más derechos que la mujer que lo alberga en su cuerpo.