Mientras Edomex es líder en abuso sexual de menores, un juez absuelve a pederasta
El Poder Judicial no da pie con bola y, para colmo, su área de Comunicación Social apesta
En medio de la creciente preocupación por el abuso sexual infantil en el Estado de México, el Poder Judicial dice haber iniciado una investigación sobre el caso de un juez que absolvió al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años. La madre de la menor, Victoria Figueiras, expresó su indignación mediante un bloqueo de cinco horas en Periférico Norte, exigiendo justicia para su hija y, al parecer solo así logró captar la atención de un aparato judicial prepotente, que mantiene aislado del escrutinio público a su titular, Ricardo Sodi Cuéllar.
El juez Manuel Alejandro Martínez Vitela fue objeto de un escándalo luego de su decisión de absolver al acusado, generando una ola de críticas y movilizaciones por parte de la comunidad. En una reunión en los juzgados de lo familiar del PJEM en Atizapán de Zaragoza, Figueiras anunció planes para apelar la decisión.
Este caso refleja una problemática más amplia. Según datos proporcionados por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), el Estado de México ha liderado el abuso sexual infantil, con cerca de 9 mil casos registrados entre 2015 y 2022. Las estadísticas muestran una tendencia alarmante al alza, con un aumento del 97% durante ese período.
Las víctimas, en su mayoría niñas y adolescentes, representaron el 91.6% de los casos documentados. Los agresores, en su mayoría familiares o conocidos cercanos, evidencian una amenaza que se gesta en los entornos más cercanos a los menores.
Ante el aumento de la incidencia y la respuesta insatisfactoria de ciertos sectores judiciales, la sociedad civil y los legisladores están presionando por reformas y acciones concretas para proteger a los menores y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. En un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales está en juego, la atención a estos casos se vuelve crucial para la integridad y el bienestar de la infancia en el Estado de México, tarea que se ve invariablemente opacada por el despotismo con el que actúa el área de Comunicación Social del Poder Judicial mexiquense.