Los migrantes son usados como mercancía por las mismas instituciones que deberían garantizar su seguridad

La Iglesia católica de Chiapas decidió denunciar lo que muchos sospechaban, pero pocos se atreven a señalar: la colusión entre el Ejército, la Guardia Nacional y los cárteles del narcotráfico para controlar los flujos migratorios en la frontera sur. Sí, esa misma frontera donde reina el caos y los migrantes son tratados como fichas de un lucrativo negocio, mientras las autoridades fingen estar en “control total.”

Las diócesis de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas describieron un panorama que parece sacado de una película de terror: secuestros en aumento (sobre todo de mujeres), familias obligadas a desplazarse por el terror impuesto por los cárteles, y un Instituto Nacional de Migración (INM) que abandona a los migrantes a su suerte, convirtiendo la crisis humanitaria en un espectáculo de negligencia descarada.

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Para no dejar dudas, la Iglesia recordó el tercer aniversario del trágico accidente de 2021, donde un tráiler clandestino con 160 migrantes volcó, dejando 57 muertos. ¿Lecciones aprendidas? Ninguna. ¿Impunidad? Toda. Aunque Guatemala arrestó a una banda criminal vinculada al caso, en México los responsables parecen gozar de la protección que solo la corrupción puede comprar.

Y mientras los obispos rezan por una “migración segura, ordenada y regular,” el gobierno parece más preocupado por mantener las apariencias y el Ejército sigue administrando su doble función: “proteger” a la nación y facilitar los negocios ilícitos.

En esta tragicomedia, los migrantes no solo enfrentan el peligro de cruzar territorios dominados por cárteles, sino que también son utilizados como mercancía por las mismas instituciones que deberían garantizar su seguridad. Pero no pasa nada, todo está “bajo control”… según las autoridades.