La militarización en el sureste mexicano es mucho más profunda y lastima la convivencia social

Lejos de revertirse, esta estrategia estatal parece consolidarse con la presidencia de Sheinbaum
Por Jesús López Segura
El reportaje de Expansión, “Fuerzas Armadas hacen obras estrella, pero irrumpen en la vida cotidiana del sureste”, basado en el estudio de la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS), revela que la militarización en México no se limita a tareas de seguridad o de construcción de megaproyectos, sino que se ha convertido en un fenómeno de imposición sistémica del aparato militar en la vida cotidiana de comunidades enteras, especialmente en el sureste del país.
Militares como actores civiles y económicos
En el contexto del Tren Maya, las Fuerzas Armadas no solo fungen como constructoras, sino que han penetrado la estructura comunitaria asumiendo múltiples roles: empleadores, proveedores, vecinos, incluso familiares. Esta expansión informal de su presencia ha creado un ambiente de vigilancia y control que, según el estudio, amenaza derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la autonomía de los pueblos originarios, la libre circulación y la participación política.
La militarización como política de Estado
Aunque la militarización de funciones civiles comenzó antes del sexenio de López Obrador, su administración la institucionalizó y profundizó, transfiriendo una cantidad sin precedentes de funciones y recursos al Ejército. La Sedena ha sido responsable de proyectos emblemáticos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la administración de aduanas y la distribución de medicamentos, consolidándose como un poder civil paralelo.
El caso del Tren Maya expone el carácter estructural y no transitorio de esta militarización. Más allá de lo operativo, se construyen cuarteles dentro de comunidades, se expropian terrenos y se normaliza la circulación de vehículos militares en espacios rurales y urbanos.
Impacto psicológico y social
En los municipios de Calakmul, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, en Quintana Roo, las consecuencias de esta presencia no son simbólicas: la población reporta ansiedad, miedo, aislamiento y autocensura. Existe una percepción generalizada de vigilancia constante, lo que inhibe la organización comunitaria, el activismo y hasta las relaciones sociales cotidianas. Las y los habitantes “cuidadosamente eligen sus palabras y sus interlocutores”, temiendo represalias por parte de los soldados, que también pueden actuar como informantes.
Militarización con rostro de desarrollo
Aunque se han generado empleos en estados como Quintana Roo gracias a las obras militares, el análisis económico revela que la actividad económica ha decrecido en la región. Esto sugiere que los beneficios económicos son limitados y no compensan el costo social, político y psicológico que implica la ocupación militar del espacio civil.
¿Una tendencia irreversible?
Lejos de revertirse, esta estrategia estatal parece consolidarse con la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien ha anunciado que los ingenieros militares estarán al frente de nuevos megaproyectos ferroviarios en otras regiones del país. Según CCIS, lo ocurrido en el sureste podría repetirse en futuros desarrollos: una militarización difusa pero profunda que transforma no solo la infraestructura física, sino la dinámica social de los territorios.
Conclusión
Más que una política de seguridad o desarrollo, la militarización en México se configura como una estrategia de control territorial integral, que redefine la relación entre Estado y ciudadanía. El Ejército no solo construye, también ocupa, observa y modula la vida civil, difuminando los límites entre poder militar y vida democrática.
Video de TikTok con 292 mil vistas:
@notiguia_tv Cuestionado en La Mañanera sobre sus promesas de campaña de regresar el #Ejército a los cuarteles, el Presidente #LópezObrador se desmintió de manera tajante, contra muchas evidencias videográficas…
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