De 945 desapariciones en los estados fronterizos mexicanos, 14 corresponden a estadounidenses

Por Jesús López Segura

Ni diez mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera norte han podido contener el avance de una realidad brutal: las desapariciones forzadas siguen acumulándose como si fueran simples daños colaterales de una estrategia fallida. El blindaje militar que presume el gobierno mexicano no solo ha sido inútil para garantizar la seguridad de su propia población, sino que ahora arrastra también a ciudadanos estadounidenses, se concluye a partir de un amplio reportaje de la revista Proceso. La “frontera segura” que se vende en comunicados oficiales es, en los hechos, un terreno fértil para la impunidad.

En apenas los dos primeros meses del nuevo gobierno de Donald Trump, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó 945 desapariciones en los estados fronterizos mexicanos. Catorce de ellas corresponden a ciudadanos estadounidenses. El dato, que en cualquier país generaría un escándalo diplomático, aquí apenas roza el umbral del interés mediático. Como si la normalización de la barbarie fuera ya política de Estado.

Mientras Tijuana suma más de 160 desapariciones, y municipios como Reynosa, Nuevo Laredo, Nogales o Matamoros reportan cifras similares, los voceros del poder siguen insistiendo en que la Guardia Nacional cumple funciones de “contención”. Lo que no aclaran es a quién contienen: si a los migrantes, a los narcos o a los datos incómodos que contradicen su narrativa de seguridad.

La madre de Víctor Adrián Rodríguez, desaparecido hace 16 años, lo resume sin eufemismos: “No esperábamos nada distinto con la presencia de los militares”. Para Adriana Moreno Becerril, y para miles de familiares organizados en colectivos, el despliegue de la Guardia Nacional no tiene otro objetivo que satisfacer las exigencias de Washington: detener el flujo migrante y evitar aranceles. La seguridad de la población, incluidos los ciudadanos estadounidenses, es apenas una nota al pie.

Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, es aún más incisiva: “El blindaje es mediático, político y selectivo. No sirve para proteger a la ciudadanía”. La suya no es una crítica aislada, sino el resultado de casi dos décadas documentando desapariciones en el norte del país. Martínez Bustos señala lo obvio que las autoridades insisten en maquillar: ni las fiscalías estatales ni las comisiones de búsqueda suben la información en tiempo real. El RNPDNO no refleja la realidad, sino un resumen edulcorado y diferido de lo que en verdad ocurre.

Y la realidad es pavorosa: adolescentes entre 10 y 14 años desaparecidos en Sonora, mujeres ausentes en Ciudad Juárez, cuerpos que no se encuentran en Tijuana, y una montaña de fichas de búsqueda que circulan en los chats de los colectivos con la frecuencia de un boletín meteorológico. “Tres o cuatro reportes por semana, mínimo”, aseguran desde los centros de búsqueda ciudadana. Y eso, subrayan, es lo que logran registrar sin apoyo institucional.

Pero mientras tanto, el gobierno sigue entregado al ritual de las cifras, a la simulación de los “operativos conjuntos”, y a la diplomacia del espectáculo. Nada de eso ha detenido las desapariciones, que ahora se internacionalizan con víctimas estadounidenses y migrantes centroamericanos —hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos— que también desaparecen sin dejar rastro en territorio mexicano.

El caso de Nuevo León es revelador: 418 desapariciones en apenas dos meses, la mayoría en Monterrey y su zona metropolitana, muy lejos de la franja fronteriza. Porque el fenómeno, aunque agudo en la frontera, no es exclusivo de ella. Es sistémico. Es la expresión de un Estado incapaz de proteger a su gente y cada vez más cómodo con los gestos cosméticos de “seguridad”.

En este contexto, la estrategia del nuevo gobierno estadounidense parece encontrar en el gobierno mexicano a un socio sumiso y eficaz… para sus intereses migratorios, no para la seguridad de las personas. La prioridad no es detener desapariciones, sino cumplir cuotas. Y si en el camino desaparecen estadounidenses, migrantes o mexicanos, basta con que no alteren demasiado la narrativa oficial.

La frontera norte sigue siendo una herida abierta. Pero no se sangra en los informes oficiales. Ahí todo es orden, despliegue, estrategia. Sólo que los desaparecidos no se pierden en informes. Se pierden en la vida real.