La nota es del Departamento de Justicia, pero Sheinbaum se niega a comentar “hasta que EU informe”

En una de esas piruetas discursivas que tanto gustan en la política mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió lavarse las manos ante la entrega voluntaria de 17 familiares de Ovidio “El Ratón” Guzmán al gobierno de Estados Unidos, incluidos su madre Griselda López y otros parientes directos. A pregunta expresa formulada esta mañana en su conferencia de prensa, la mandataria evadió el tema con la destreza de quien baila sobre minas: “Eso lo tiene que aclarar Estados Unidos”. Vaya, como si el Departamento de Justicia no hubiera sido ya lo suficientemente claro.

Porque sí, el gobierno de Estados Unidos -a través del Departamento de Justicia– ya informó, por si alguien en Palacio Nacional no lee los cables diplomáticos, que “la familia del ‘Ratón‘ cruzó voluntariamente la frontera el fin de semana pasado para acogerse al programa de protección a testigos, como parte de un acuerdo de cooperación”. ¿Así o más claro? ¿Qué parte de “acuerdo con fiscales estadounidenses a cambio de información sobre el narco y sus conexiones políticas” no entendió el gobierno mexicano?

Más aún, la jueza Sharon Coleman Johnson ya tiene en su calendario una audiencia el próximo 9 de julio para revisar el acuerdo, donde se espera que Ovidio revele lo que sabe sobre la red de narcopolítica en México: nombres de militares, empresarios, gobernadores y, sí, exgobernantes que han sido cómplices del Cártel de Sinaloa. O sea, no estamos ante rumores, sino ante una operación legal y diplomática de alto nivel… que Sheinbaum prefiere ignorar como si fuera un chisme de opositores.

Mientras tanto, Ricardo Anaya, con su olfato habitual para detectar sangre en el agua, ya huele el pánico en las filas de Morena. Y no sin razón. “Los Chapitos van a cantar” dijo, con una sonrisa que apenas contenía la mueca del “te lo dije”. Y si lo que se viene son declaraciones sobre vínculos incómodos entre el crimen organizado y figuras del oficialismo, el temblor incluye a militantes del Primor. Porque si hay algo que a Washington no le gusta es que le mientan… y ya empezó a hablar quien sí sabe.

Otro indicador del posible pánico en las filas del obradorismo, lo constituye la controvertida prisa de doña Beatriz Gutiérrez Müller en poner pies en polvorosa para ir a rendirle pleitesía al rey de España.

En resumen: mientras el gobierno estadounidense opera y revela, Sheinbaum calla y remite al vecino del norte como su fuente de información. Pero en política, como en la justicia, el que calla no siempre otorga… a veces simplemente encubre.

Como corolario de esta opereta de simulaciones, hace algunos días el columnista Salvador García Soto publicó La lista de Schindler, perdón, de Marco (Rubio), que involucra a los siguientes presuntos narcopolíticos mexicanos. Entre los nombres más relevantes:

Gobernadores activos: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León).

Exgobernadores y líderes del Congreso: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado), Adán Augusto López (Diputados).

Funcionarios del gabinete federal: Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública), Clara Luz Flores (Secretaría de Gobernación – Asuntos Religiosos), Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE).

Militares señalados: Cuatro generales en situación de retiro o activo, todos con antecedentes en inteligencia táctica, logística antidrogas o despliegues en operativos conjuntos México-EUA.

A nivel municipal, se identifican casos como:

Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, vinculado al financiamiento ilegal de campañas a través del clan Carmona.

Erasmo González, de Ciudad Madero, investigado por manejo de contratos públicos para lavado de activos.

Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, por presuntos vínculos con redes de tráfico humano hacia El Paso, Texas.

César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, por supuesta participación en operaciones de trasiego de armas y combustible ilegal.