Plagios, acordeones, narcoabogados y feminicidas: el circo judicial avanza con aval del INE

Mientras ciudadanos intentan comprender cómo votar por jueces, magistrados y ministros —una hazaña en sí misma en medio de boletas saturadas e información opaca, a pesar de las clasecitas en la mañanera del pueblo—, la llamada reforma judicial “democrática” se convierte en una parodia grotesca, donde la legalidad es arrasada por la impunidad y el disimulo institucional. Todo bajo la mirada cómplice, pasiva y burocrática del Instituto Nacional Electoral (INE), que parece más preocupado por no molestar al poder que por salvaguardar el proceso.

A días del experimento inédito de elección popular de integrantes del Poder Judicial, lo que predomina no es la participación informada, sino la estrategia descarada de distribución de “acordeones”, documentos que indican —con colores, números y nombres— cómo votar en cada boleta, incluyendo las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, a pesar de que la ley prohíbe expresamente la intervención de partidos y funcionarios en la promoción de candidatos judiciales.

¿Y qué hace el INE? Dos quejas. Dos. En un océano de irregularidades documentadas en redes sociales, medios y chats comunitarios, la institución electoral ha recibido apenas dos denuncias formales: una contra el gobierno de Samuel García en Nuevo León y otra contra funcionarios de la alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por Morena y el Partido Verde. Ambas son investigadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que como siempre, “dio vista” a la FGR… como si de verdad esperaran que la Fiscalía se apresure a actuar contra operadores del régimen.

Las denuncias van desde el reparto de acordeones físicos y digitales hasta la organización de acarreos y la manipulación directa del voto por parte de funcionarios públicos. Pero lejos de cancelar candidaturas o sancionar de forma ejemplar, el INE promete revisar después del 1 de junio si acaso hay algún motivo para actuar. Es decir, con las boletas ya contadas y el daño consumado.

Pero lo peor no es la propaganda. Es quiénes están en las listas.

La organización Defensorxs ha documentado ya 17 candidatos judiciales con antecedentes criminales, vínculos con el narcotráfico o señalamientos de abuso sexual. Cuatro nuevos nombres se sumaron esta semana:
– Édgar Agustín Beiza, denunciado por abuso sexual por una alumna de la UNAM y señalado por encubrir a agresores.
– Luis Castañeda, con 36 denuncias de acoso sexual, investigado por homicidio culposo.
– Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido por el Consejo de la Judicatura Federal en 2015 por abuso sexual.
– Nicollino Giuseppe Cangiamilla, acusado de encubrir un feminicidio en una prisión de Sonora.

Y aún hay más: candidatos ligados al narcotráfico —como Fernando Escamilla, abogado de “El Z-40”—, sentenciados por posesión de armas y drogas, y hasta operadores políticos de la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder cumple condena en EE.UU. por abuso de menores.

Defensorxs solicitó formalmente la cancelación de estas candidaturas al INE y al Tribunal Electoral. Pero la respuesta institucional no podría ser más insultante: se valorará después de la elección si procede alguna acción. Porque, al parecer, permitir que narcoabogados, feminicidas y acosadores sexuales lleguen a ser jueces no es tan urgente como respetar los tiempos de la burocracia.

El mensaje es claro: esta elección judicial no es una fiesta democrática, sino una farsa montada para vestir de legitimidad un reparto de cuotas, impunidad y favores políticos. El INE, en vez de defender la ley, se comporta como escribano de un régimen que no tolera la transparencia ni la verdadera participación ciudadana.

Que no nos confundan los folletos multicolor: lo que se juega este 1 de junio no es el acceso del pueblo al Poder Judicial, sino su completa colonización por intereses partidistas, sectarios y criminales. Y con el árbitro electoral de brazos cruzados, el veredicto ya está escrito.