El TEPJF legaliza la “operación acordeón”. LA VERSION NO OFICIAL. Por Jesús López Segura
La presidenta saliente, Mónica Soto, y sus aliados “Los Felipes”, desbrozan el terreno para el fraude
En una de las decisiones más insólitas —y reveladoras— de la nueva era de la llamada “elección judicial”, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró filas para aprobar una flagrante ilegalidad con argumentos dignos de una comedia ranchera: los magistrados decidieron perdonar las multas que el INE había impuesto a 172 candidatos —entre ellos los nueve ministros de la Suprema Corte y cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial— por aparecer en los famosos “acordeones”, físicos y digitales, que circularon masivamente durante la campaña.
La multa ascendía a más de seis millones de pesos, pero fue revocada gracias al voto de la presidenta saliente, Mónica Soto, y sus aliados “Los Felipes“: Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, quienes, en una acrobacia argumentativa, concluyeron que “la mera aparición del nombre en los materiales no bastaba para configurar el beneficio”. Dicho de otro modo: si los candidatos no imprimieron personalmente los acordeones, ni los repartieron con sus propias manos, no hay delito.
Con semejante razonamiento, el TEPJF no solo absuelve a los infractores, sino que sienta precedente: el fraude publicitario está permitido, siempre y cuando se diga que uno “no sabía nada”. Los magistrados disidentes —Janine Otálora y Reyes Rodríguez— intentaron razonar que el solo hecho de aparecer en esos materiales implicaba un beneficio indebido y un posicionamiento frente al electorado. Pero fueron minoría.
La presidenta Soto, en su última sesión, se despidió asegurando que el tribunal “nunca titubeó para cumplir con su deber”. Y en efecto: no titubearon ni un segundo para torcer la ley en favor de quienes deberían encarnarla.
A partir del 1 de noviembre, el pleno quedará otra vez incompleto con la salida de Otálora, y el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz asumirá la presidencia. Todo parece indicar que la línea está trazada: el Poder Judicial, que debía ser ejemplo de imparcialidad, se autorregula y se autoperdona.
Como ironiza la columna Bajo Reserva de El Universal, la “Operación Acordeón” ya es legal. Los nuevos jueces, magistrados y ministros quedaron “limpios y exonerados”, y el precedente autoriza de facto la propaganda encubierta para 2027. En “el país más democrático del mundo” —faltaba más— el acordeón no solo es legal, sino motivo de aplauso.
Una escena digna del absurdo mexicano: el Tribunal Electoral, entre aplausos de despedida y frases solemnes, consagra el principio de que la ilegalidad, si se comete con cara seria y toga puesta, puede llamarse justicia.
