Reforma electoral claudista, nuevo golpe al maximato. AL GRANO. Por Jesús López Segura
AMLO pretendía un régimen autoritario: eliminar INE, OPLES y representación proporcional
La iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum es mesurada y básicamente respetuosa de la representación proporcional, rasgo esencial de la auténtica democracia, eliminando felizmente la gratuidad de curules para burócratas partidistas de élite.
La reforma claudista es una muestra más de autonomía respecto de la intención extremista de su antecesor, porque articula un rediseño que combina continuidad institucional con ajustes estructurales en representación proporcional, gasto y fiscalización. Más que alterar la arquitectura básica del sistema, como pretendía AMLO, la propuesta busca modificar incentivos políticos y racionalizar costos sin desmontar el modelo vigente.
Es una buena noticia resumida en los 5 puntos siguientes, si consideramos que de haber sido por el tabasqueño, probablemente se habrían eliminado el INE, las OPLES y la representación proporcional de un plumazo, regresando al viejo modelo de control de las elecciones por parte de la Secretaría de Gobernación para consolidar el autoritarismo típico de un partido de Estado.
1. Representación proporcional: fin de las listas cerradas
El eje central es la transformación del mecanismo de elección de los legisladores de representación proporcional.
En la Cámara de Diputados se mantienen los 500 escaños:
300 de mayoría relativa.
200 de representación proporcional.
La novedad radica en que desaparecen las listas cerradas elaboradas por las dirigencias partidistas. En su lugar, 97 diputaciones se asignarán a candidatos que, sin haber ganado su distrito, obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido; 95 serán por circunscripción (equilibrando género) y ocho corresponderán a la representación de mexicanos en el extranjero.
En el Senado, la reforma elimina la representación proporcional por lista: la cámara quedaría integrada por 96 legisladores —64 de mayoría y 32 de primera minoría— suprimiendo las 32 posiciones plurinominales actuales.
El mensaje político es claro y perfectamente democrático: conservar la proporcionalidad, pero obligar a todos los aspirantes a someterse al voto directo, reduciendo la percepción de que existen escaños “garantizados” por las cúpulas partidistas.
2. Reducción del gasto electoral
La iniciativa propone disminuir en 25% el financiamiento anual de los partidos y reducir el costo general del sistema electoral, considerado uno de los más onerosos del mundo.
Esto implicaría:
Ajustes presupuestales al INE y a los organismos locales (OPLES).
Reducción de tiempos en radio y televisión (de 48 a 35 minutos en periodos electorales).
Disminución de regidurías municipales (con un máximo de 15).
Supresión de bonos y sobresueldos a consejeros y altos mandos del INE, aunque se mantienen los 11 consejeros actuales.
El planteamiento no reduce el número total de legisladores federales, pero sí busca compactar costos administrativos y operativos.
3. Mayor fiscalización y control tecnológico
La reforma incorpora un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, con acceso más amplio a información financiera de partidos y candidatos. Se plantea un sistema de información cotidiana sobre operaciones y “actividades vulnerables”.
Asimismo, introduce regulación explícita sobre el uso de inteligencia artificial en campañas:
Prohibición de bots calumniosos o manipuladores.
Obligación de etiquetar contenidos generados por IA.
En materia de resultados electorales, se propone eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y que los cómputos distritales inicien al cierre de la jornada, generando resultados preliminares oficiales desde el conteo directo.
4. Participación y reglas éticas
La iniciativa incorpora principios adicionales:
Reconocimiento de la diáspora mexicana con representación directa.
Ampliación de mecanismos de democracia participativa.
Prohibición del nepotismo en cargos de elección.
Prohibición de la reelección consecutiva en todos los cargos a partir de 2030.
No se incluyó la eliminación del fuero legislativo, aunque la propia Presidenta expresó su posición favorable a revisarlo.
5. Alcance político
El proyecto no modifica la correlación numérica del Congreso ni reduce consejeros electorales, lo que sugiere una estrategia de ajuste incremental más que de ruptura institucional. El cambio más significativo reside en alterar el modo de acceso a la representación proporcional, trasladando el peso de la decisión desde las dirigencias partidistas hacia el desempeño electoral individual.
En suma, la reforma combina tres objetivos declarados:
Reforzar la legitimidad democrática obligando a todos los candidatos a competir por votos.
Racionalizar el gasto público electoral.
Endurecer la fiscalización y regular nuevas dinámicas tecnológicas.
El debate legislativo definirá si esta propuesta se consolida como una actualización del modelo electoral mexicano o como un rediseño parcial que reconfigura, sin desmontar, sus fundamentos actuales.
