La autoridad moral para hablar de libertad de expresión. AL GRANO. Por Jesús López Segura

Creo estar suficientemente facultado para opinar sobre los derechos de las audiencias

Cuando coordinaba los noticiarios de fin de semana en Canal Once recibía, de cuando en cuando, llamadas de funcionarios de la Secretaría de Gobernación con instrucciones tan claras como inapelables: determinadas informaciones no debían aparecer en el guion.

Tiempo después, como coordinador del noticiario matutino de Imevisión, el entonces subdirector de Noticias me ordenó no difundir, bajo ninguna circunstancia, información relacionada con Cuauhtémoc Cárdenas. Desobedecí la inaceptable orden. Paradójicamente, aquello me valió la felicitación del entonces director general de Imevisión, José Antonio Álvarez Lima, quien me envió una tarjeta en la que celebraba que, por fin, “ya no se decían pendejadas en ese espacio informativo”.

Poco antes, como jefe de Redacción de Noticias de Televisión Mexiquense, la directora del canal, Patricia Garza, intentó obligarme a declarar en contra del subdirector, Marco Antonio Garza. Me explicó, sin el menor recato, que quería ese puesto para un incondicional suyo: Carlos Sánchez, lacayo del director de Noticias, Fernando Gómez y Vega, ferviente admirador de Gustavo Díaz Ordaz.

Me negué. Al día siguiente fui despedido.

Como si la represalia no bastara, mi nombre fue retirado de los créditos en la “cinta master” del concierto que Pablo Milanés ofreció en Ciudad Libertad, La Habana, coproducción que estuvo bajo mi responsabilidad y que el propio Consejo Directivo de Canal Once calificó como un programa de excelencia.

Años después, siendo subdirector de Noticias de Televisión Mexiquense y responsable del proyecto conjunto con Imevisión para difundir la obra de gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza en la zona metropolitana de la Ciudad de México, fui engañado por Alexander Naime, entonces Coordinador de Comunicación Social, quien convenció al equipo de participar prometiendo remuneraciones decorosas que nunca llegaron. Ante semejante incumplimiento opté por renunciar, como pueden atestiguarlo prácticamente todos quienes participaron en aquel proyecto, con la excepción del siempre oportunista Raúl Vargas Herrera.
Todas y cada una de estas experiencias terminaron con mi renuncia o con mi despido. Quizá por ello, cuando don Emilio Chuayffet me propuso la Dirección General de Radio y Televisión Mexiquense, decliné ese generoso ofrecimiento. No quería convertirme en el funcionario que tuviera que ordenar a los directivos de noticias ocultar información incómoda. Preferí conservar mi libertad antes que administrar la censura.

Por eso creo modestamente haber ganado el derecho de opinar sobre el debate que hoy se ha puesto de moda alrededor de los llamados “derechos de las audiencias“.
Las empresas de radio y televisión obtienen ganancias multimillonarias gracias a concesiones otorgadas por el Estado para explotar un bien que pertenece a todos los mexicanos: el espectro radioeléctrico. En consecuencia, es perfectamente legítimo exigirles —como ya lo hace la legislación vigente— que ejerzan ese privilegio con estricto apego a la veracidad, la pluralidad, el interés público y la responsabilidad democrática.

Muy distinto es el caso de los periódicos, las revistas, los portales digitales y las redes sociales.

Ahí, cualquier insinuación, esbozo o intento de control gubernamental debe ser rechazado con absoluta firmeza, sobre todo cuando proviene de un Estado que ha convertido la propaganda oficial en política pública y la conferencia matutina en el mayor aparato publicitario disfrazado de comunicación gubernamental de la historia reciente.

Por eso parece un chiste de mal gusto, con todo respeto, que la presidenta Claudia Sheinbaum pontifique sobre la necesidad de que los medios de comunicación sean objetivos, plurales e independientes, precisamente desde ese monumental escaparate de oficialismo y periodismo cortesano llamado la Mañanera. Ternurita.