Berkeley: AMLO podría haber cometido crímenes de lesa humanidad. AL GRANO. Por Jesús López
Sheinbaum responde ante zócalo lleno a nota de Proceso: AMLO “extraordinario presidente”
La revista Proceso coloca sobre la mesa una acusación que, de confirmarse judicialmente, tendría una dimensión internacional: un análisis del Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley sostiene que existen elementos para que la Corte Penal Internacional examine el patrón de persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lo verdaderamente inquietante es que Berkeley no reduce el problema a los periodistas asesinados. Documenta un mecanismo mucho más amplio: estigmatización desde el poder presidencial, hostigamiento digital, vigilancia mediante programas espía, utilización abusiva de instrumentos legales y, en el extremo más brutal, asesinatos y desapariciones. La universidad contabilizó 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados durante el sexenio, 337 víctimas en total.
Y ahí aparece uno de los rasgos más perturbadores del obradorismo: la agresión verbal como política de comunicación desde la cúspide del Estado.
Berkeley analizó más de mil 400 conferencias presidenciales y documentó la reiterada identificación y descalificación de periodistas y defensores desde el podio presidencial. No se trataba simplemente de que el presidente discrepase con sus críticos —algo perfectamente legítimo en una democracia—, sino de convertirlos en enemigos del proyecto político mediante etiquetas destinadas a desacreditarlos ante millones de personas.
“Prensa fifí”, “chayoteros”, “hampa del periodismo”, “comentocracia”: el repertorio fue tan cotidiano que terminó por parecer parte del paisaje. Pero una investigación académica internacional obliga ahora a preguntarse si aquella retórica fue solamente eso: retórica.
Porque cuando desde el poder se señala reiteradamente a determinadas personas, mientras aparecen campañas de acoso digital, espionaje y agresiones físicas, la palabra presidencial deja de ser un simple berrinche mañanero. Puede convertirse en un factor de riesgo.
Berkeley documenta, además, el uso de Pegasus y otras herramientas de vigilancia adquiridas por las Fuerzas Armadas y señala que periodistas y críticos fueron objeto de espionaje durante el sexenio, pese a las reiteradas afirmaciones presidenciales de que su gobierno no espiaba a sus adversarios.
Y luego están los muertos.
Ahí es donde la retórica política adquiere una dimensión mucho más siniestra. Porque una cosa es soportar que un presidente descalifique a un periodista desde la tribuna; otra, infinitamente distinta, es que el Estado conozca los riesgos que enfrentan periodistas y defensores, y aun cuando algunos hayan solicitado protección, la maquinaria institucional termine siendo incapaz de impedir su asesinato y, encima, como sospechosa de instigación o, peor aún, como custodio de la impunidad.
Berkeley documenta una impunidad que se mantuvo aproximadamente entre 93 y 99 por ciento durante el periodo estudiado. Es decir, además de la violencia, existió el otro gran ingrediente de la tragedia mexicana: la certeza práctica de que matar a un periodista no tenía consecuencias.
El caso de Ciro Gómez Leyva resulta especialmente escalofriante por la secuencia señalada en la investigación: el periodista fue objeto de ataques desde la conferencia presidencial y posteriormente sufrió un atentado. Berkeley también incorpora el caso de Fredid Román, asesinado después de haber sido objeto de vigilancia con software malicioso. Estos casos no prueban por sí mismos una responsabilidad penal presidencial, pero sí forman parte del patrón que la investigación académica pretende poner bajo escrutinio.
Y hay una diferencia que conviene subrayar: Berkeley no ha condenado a López Obrador ni la Corte Penal Internacional ha declarado que el expresidente sea responsable de crímenes de lesa humanidad. Lo que existe es una investigación académica que sostiene que el conjunto de evidencias amerita un examen preliminar y que podría encuadrar en la figura de persecución contemplada por el Estatuto de Roma. La propia CPI estableció en 2025 una política para investigar crímenes internacionales facilitados mediante medios digitales.
Pero incluso antes de que un tribunal diga la última palabra, queda una pregunta política y moral imposible de esquivar: ¿Qué clase de gobierno necesita convertir sistemáticamente a sus periodistas críticos en enemigos?
López Obrador construyó buena parte de su comunicación política alrededor de la denuncia cotidiana de quienes lo cuestionaban. Tenía derecho a responder a sus críticos. Lo que resulta mucho más grave es la posibilidad, documentada por Berkeley, de que esa estigmatización conviviera con espionaje, acoso digital, violencia y una impunidad prácticamente estructural.
Y frente a los asesinatos, la respuesta pública del poder pareció muchas veces reducirse a la misma receta: negar, minimizar, desviar la conversación o esperar a que el siguiente crimen desplazara al anterior.
Un presidente puede disentir de un periodista. Puede incluso combatirlo políticamente. Lo que no puede hacer un Estado democrático es acostumbrarse a que los periodistas sean asesinados y después actuar como si cada cadáver fuera un expediente más en la interminable morgue de la impunidad.
Si Berkeley tiene razón en que existió un patrón articulado de persecución, el asunto ya no pertenece solamente a la historia política del sexenio de López Obrador. Pertenece también al terreno de la responsabilidad internacional.
Y acaso la ironía final sea ésta: el hombre que hizo de las mañaneras un tribunal cotidiano contra sus críticos podría terminar viendo cómo esas mismas mañaneras son utilizadas como evidencia para examinar la persecución que desde aquel podio se ejerció contra quienes se atrevieron a cuestionarlo.
