Nueva Ley de la UAEMéx amplía derechos y democratiza la vida universitaria
La reforma fortalece la democracia, amplía derechos y renueva la gobernanza universitaria
Redacción
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) contará con un nuevo marco jurídico que amplía los derechos de su comunidad, fortalece la democracia interna y establece mecanismos de gobernanza, ética y justicia universitaria, luego de que la 62 Legislatura mexiquense aprobara la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La nueva Ley sustituye la legislación vigente desde 1992 y establece las bases para profundizar la Transformación Universitaria, con énfasis en la inclusión, la transparencia, la participación y la responsabilidad social, en vísperas del bicentenario de la institución.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es su construcción mediante la participación de la comunidad universitaria. El proceso incluyó siete foros regionales, tres clases magistrales y consultas electrónicas, que reunieron más de siete mil aportaciones, además de dos mil 700 propuestas recibidas en una consulta posterior. Asimismo, los consejos de gobierno de los espacios académicos emitieron 52 opiniones favorables y tres con observaciones. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Consejo Universitario antes de remitirse al Ejecutivo estatal.
Más derechos y bienestar para la comunidad
La nueva legislación reconoce la educación y la ciencia como derechos e incorpora principios de igualdad sustantiva, inclusión, accesibilidad universal y respeto a los derechos humanos. También contempla la protección de la salud física y mental, la libertad sindical, la cultura física y el deporte, así como protocolos de atención ante situaciones de violencia y riesgos.
La perspectiva de cuidados se incorpora como parte del bienestar universitario, al reconocer las necesidades de quienes estudian, enseñan, investigan y trabajan en la institución.
En el ámbito académico, la reforma impulsa la ciencia abierta, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la internacionalización, además de fortalecer el pensamiento crítico, la libertad académica y el reconocimiento de los saberes ancestrales. También busca estrechar la vinculación entre la Universidad y la sociedad para que el conocimiento contribuya a atender necesidades colectivas.
Más representación y nuevas reglas de gobernanza
Entre los cambios institucionales destaca la ampliación del Consejo Universitario, cuya integración pasará a 223 integrantes, con una representación más extensa de los sectores académicos y estudiantiles, así como de los distintos espacios universitarios y organizaciones sindicales.
También se crea un órgano electoral universitario con autonomía técnica, operativa y de gestión, responsable de organizar, conducir, vigilar y validar los procesos para elegir a la persona titular de la Rectoría, las direcciones académicas y las representaciones universitarias.
La reforma establece el voto universal, secreto, vinculante y ponderado, cuya regulación específica deberá desarrollarse en el Estatuto Universitario. Asimismo, incorpora disposiciones para dar certeza a los procedimientos de ausencia, licencia, suplencia y separación del cargo de la persona titular de la Rectoría, y mantiene la prohibición de la reelección.
Ética y justicia universitaria
Otro cambio relevante es la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria (SEJU), que contempla mecanismos de mediación y conciliación para resolver controversias, así como procedimientos disciplinarios para atender posibles faltas a la responsabilidad universitaria.
La legislación también delimita las competencias del Órgano Interno de Control y de las instancias universitarias, de acuerdo con la naturaleza de las responsabilidades y el manejo de recursos públicos.
La nueva Ley está integrada por siete títulos, 28 capítulos y 146 artículos, frente a los seis títulos y 46 artículos de la legislación anterior. Establece, además, un plazo de 365 días hábiles a partir de su publicación para emitir el nuevo Estatuto Universitario, que detallará la aplicación de sus disposiciones.
En materia de gratuidad, reconoce este principio y plantea una implementación progresiva, sujeta a la disponibilidad de recursos y a la responsabilidad financiera de la institución.
Con esta actualización, la UAEMéx establece un nuevo marco normativo para afrontar los desafíos de la educación superior y fortalecer su carácter público. El reto será traducir los cambios legales en mejores condiciones para su comunidad, una participación efectiva y una mayor contribución al bienestar de la sociedad mexiquense.
