57 millones de pesos y una competencia que merece explicaciones
En el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la competencia parece tener sus matices. Mientras la institución tiene la responsabilidad de garantizar elecciones confiables, una contratación por 57 millones 325 mil pesos coloca bajo la lupa la manera en que se ejercieron los recursos públicos durante los comicios para renovar la gubernatura en 2023.
Una investigación publicada por El Universal documentó que tres empresas vinculadas al conglomerado de los hermanos Hernández Casillas —Gráficas Corona, Formas Inteligentes y Litho Formas— presentaron una propuesta conjunta para obtener ese contrato. El caso forma parte de un esquema de contrataciones observado en 13 organismos electorales del país, donde, según el reportaje, compañías del mismo grupo empresarial llegaron a figurar como competidoras en licitaciones.
Dicho de otro modo: mientras en una elección los candidatos necesitan votos para competir, en ciertas contrataciones públicas las empresas necesitan ofertas para disputar un contrato. El problema aparece cuando la independencia entre los contendientes empresariales queda en entredicho. Entonces, la competencia puede terminar pareciéndose más a una formalidad administrativa que a una verdadera confrontación de propuestas.
Y es precisamente ahí donde el IEEM tiene cuentas que aclarar.
La consejera presidenta del instituto, Amalia Pulido Gómez, justificó que no se realizara una licitación pública nacional para adquirir el material electoral. Según explicó, la definición de los comicios ocurrió apenas tres meses y medio antes de la jornada electoral, circunstancia que obligó a recurrir a una adjudicación directa.
La explicación puede dar cuenta de la presión del calendario, pero no responde por sí sola a todas las preguntas. ¿Qué alternativas se evaluaron? ¿Cómo se acreditó que la propuesta seleccionada ofrecía las mejores condiciones para el instituto? ¿Qué verificaciones se realizaron sobre las empresas involucradas y sus posibles conflictos de interés?
Porque una cosa es resolver una emergencia logística y otra muy distinta es pretender que la urgencia sustituya la obligación de rendir cuentas. Los plazos electorales pueden ser estrechos; la transparencia, no debería serlo.
En el centro de los señalamientos también aparece Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo del IEEM desde hace más de 13 años, a quien la investigación periodística relaciona con la autorización de contratos a empresas del conglomerado. Esta referencia no constituye por sí misma una prueba de ilegalidad, pero sí hace pertinente conocer los expedientes, las justificaciones administrativas y los controles aplicados a las contrataciones.
La pregunta no es menor: ¿cómo puede la ciudadanía evaluar la pulcritud de un procedimiento si las explicaciones institucionales no despejan todas las dudas que surgen de los proveedores y las condiciones en que se les contrata?
El caso mexiquense, además, no está aislado. El Universal reportó operaciones bajo esquemas semejantes en otros organismos electorales, entre ellos los de Veracruz y Quintana Roo. La investigación señala que las empresas del grupo recibieron más de mil millones de pesos desde 2014 en al menos 13 instituciones electorales. El alcance nacional del asunto vuelve todavía más necesaria la revisión de los procedimientos, sin que ello signifique dar por demostradas responsabilidades que deben acreditarse con evidencia.
Pero el IEEM no puede escudarse en que otros organismos también aparecen en el reportaje. Su obligación es explicar su propio expediente, defender con documentos sus decisiones y demostrar que los recursos destinados a organizar elecciones se ejercieron bajo criterios verificables de legalidad, economía y transparencia.
Hay una ironía difícil de ignorar: una institución cuya razón de ser es organizar elecciones con reglas claras debe responder ahora preguntas sobre la claridad de sus propias contrataciones. No se trata de equiparar una adjudicación cuestionada con una irregularidad probada; se trata de exigir que las dudas no se despachen con una explicación general sobre la falta de tiempo.
Los 57 millones 325 mil pesos no prueban por sí mismos que haya existido corrupción. Sí justifican una revisión rigurosa y respuestas puntuales. Si el procedimiento fue impecable, el IEEM tiene la oportunidad de demostrarlo con expedientes, criterios de selección y evidencia documental. Si hubo fallas, corresponde identificarlas y deslindar responsabilidades.
Porque la confianza pública no se obtiene con declaraciones de transparencia, sino con decisiones que puedan resistir el escrutinio. Y en este caso, el IEEM tiene algo más que una elección pasada que explicar: tiene millones de pesos y preguntas pendientes sobre la mesa.
En materia electoral, el instituto exige que las reglas se respeten. En materia de contratos, la ciudadanía tiene derecho a exigir exactamente lo mismo.
