Campaña fascista de David Páramo contra Manuel Bartlett: Por Jesús López Segura / LA VERSIÓN NO OFICIAL
Los verdaderos empresarios saludamos el combate a la corrupción: Carlos Salazar Lomelín (CCE)
Entre los más graves casos de corrupción heredados de las administraciones anteriores, el Presidente López Obrador denunció, desde principios de año, el de una serie de gasoductos que construyeron empresas canadienses y de Carlos Slim (Grupo Carso), entre otras, para la transportación de gas desde los Estados Unidos, a fin de emplearlo en la generación de electricidad, habida cuenta del abandono total en que la administración de Peña Nieto dejó a las hidroeléctricas mexicanas.
En febrero, López Obrador calificó como “leoninos” esos contratos, porque algunas de sus cláusulas contravenían gravemente el interés nacional, en beneficio de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que cobrarían 8 veces el valor del gasoducto, gasto que una vez cubierto por la CFE no le garantizaba la propiedad de la obra que, por el contrario, quedaría en manos de las empresas que la construyeron, con el beneficio adicional de la renta estratosférica que cobrarían mensualmente para su uso y explotación, lo que constituye un abuso escandaloso y un evidente acto de corrupción por cuenta de las dos partes que firmaron semejantes contratos, francamente leoninos, como dijo el Presidente.
“Según el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, los procesos de arbitraje impugnados por el sector privado se solicitaron como medidas espejo a los procesos interpuestos previamente en cortes internacionales por IEnova, TCEnergy, Transcanada, Carso Energía y Fermaca. Desde febrero pasado el funcionario informó que los múltiples abusos contenidos en las cláusulas de esos contratos –por los cuales la paraestatal paga la construcción y el arriendo de la infraestructura, pero ésta es entregada en propiedad a los agentes privados– tienen a la comisión prácticamente en la quiebra”, dice el editorial de La Jornada.
Un escandaloso atraco a la nación, pues, que quebraría a la Comisión Federal de Electricidad y sometería el recurso para la producción de electricidad (el gas traído de los Estados Unidos) a intereses y dominio extranjeros, además de acentuar la dependencia energética de México respecto de nuestro vecino del norte, cancelando toda posibilidad de exploración de energías limpias para la generación eléctrica en el futuro.
“Cuando nosotros llegamos a hacernos cargo de la empresa se habían pagado ya 600 millones de dólares sin haber recibido una molécula de gas”, reclamó Manuel Bartlett, quien ahora es objeto de una campaña mediática majadera, liderada por David Páramo desde su tribuna (concesionada por el Estado Mexicano) de “Imagen TV”. Se trata de un lacayo de grupos empresariales corruptos que se escandalizan porque el gobierno mexicano lleve a tribunales de arbitraje internacional este delicadísimo asunto que compromete el futuro y la soberanía del país.
Para colmo, el tono empleado por Páramo contra Bartlett incita a la discriminación por la edad avanzada del funcionario, lo que resulta tan odioso como cualquier otra campaña fascista contra las mujeres, o grupos raciales o de género, que debería indignarnos porque los perpetra un personaje abyecto que brega contra los intereses de los mexicanos y encima lo hace con una vulgaridad imperdonable.
Pero la campaña mediática se extiende a otras televisoras, como es el caso de Televisa, que presenta una “entrevista” en el estudio de Despierta, que conduce Carlos Loret de Mola y su equipo neoliberal en materia de análisis económico -encabezado por otro lacayo de empresaurios corruptos, Enrique Campos-, quienes someten a Carlos Salazar Lomelín -presidente del Consejo Coordinador Empresarial- a un interrogatorio inquisitorial, insinuando que el razonable e inteligente dirigente de la iniciativa privada está más interesado en elogiar a su “amigo” el Presidente López Obrador, que en procurar el bienestar del país.
Lo que dice Salazar Lomelín marca un hito en la disputa actual por la nación: afirma que los empresarios mexicanos están felices con el combate a la corrupción, porque ya estaban hartos de tener que ofrecer mordidas a los funcionarios públicos corruptos para lograr contratos con el Gobierno y porque una economía sana, exenta de corrupción, resulta mucho más benéfica para los propios empresarios a los que representa.
Bajo esa óptica, cabría pensar que los hombres de negocios corruptos, a los que llamo peyorativamente “empresaurios”, son exactamente los mismos que ofrecían sobornos a los funcionarios de las administraciones pasadas y hoy se oponen a la lucha contra la corrupción precisamente porque ven afectados sus intereses. Y se oponen usando a sus voceros de las televisoras hegemónicas, quienes también detestan el combate a la corrupción por obvísimas razones. ¿No cree usted?
El editorial de La Jornada concluye:
“En primera instancia, cabe celebrar la determinación del gobierno federal para revisar y renegociar unos contratos que resultan a todas luces lesivos para el interés nacional tanto a corto como a largo plazo y constituyen una muestra de los niveles de corrupción alcanzados entre altos funcionarios de las administraciones pasadas, cuyas decisiones implican daños incuantificables al erario y a las finanzas de la empresa productiva del Estado. Asimismo, debe aplaudirse el principio de entendimiento entre el gobierno y los representantes de la cúpula empresarial para impulsar la transparencia y resolver las controversias por la vía del diálogo”.
“Sin embargo, subsisten al menos dos problemas a los que inevitablemente habrá de darse cauce. El primero es referente a los conflictos sociales detonados en las poblaciones a través o cerca de las cuales habrán de correr los gasoductos: si bien no es el caso del que va de Texas a Tuxpan, Veracruz, por ser una instalación submarina, sí lo es el de obras como la construida alrededor del Popocatépetl, en el contexto del Proyecto Integral Morelos, la del corredor Tuxpan-Tula (ambas detenidas por vía de amparo) o las de Encino-Topolobampo, todas las cuales enfrentan movimientos de resistencia social debido a la expropiación de tierras, los riesgos inherentes a este tipo de infraestructuras o su impacto ambiental”.
“Queda claro que, más allá de los acuerdos a los que lleguen gobierno e iniciativa privada en el tema puntual de los contratos, los pueblos y sus reclamos no pueden pasarse por alto al decidir sobre los proyectos energéticos actuales o futuros”.
