Baja California: Una nueva “concertacesión” (de segunda generación) entre prianismo y Morena: Por Jesús López Segura / LA VERSIÓN NO OFICIAL
Impunidad a “Kiko” Vega, entrega de cargos públicos y sobornos, a cambio de la “Ley Bonilla”
“La noche del lunes 8, a puerta cerrada, resguardados por elementos de seguridad y con cédulas de votación secreta, 21 diputados del Congreso de Baja California –integrado por 25 legisladores de ocho partidos, y con mayoría panista– aprobaron en sesión extraordinaria una reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, el morenista gobernador electo”.
En esa misma sesión, después de aprobar por unanimidad la reforma, Carlos Montejo Oceguera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, fue nombrado auditor superior del estado. “Permanecerá en el cargo hasta 2026 y será quien audite los tres últimos años de gobierno del panista” aclara la nota respectiva de Olga Aragón, en un reportaje publicado el 14 de julio en la revista Proceso.
“El diputado priista Benjamín Gómez Macías, quien en su carácter de presidente del Congreso del Estado convocó a esta sesión extraordinaria nocturna, es el mismo legislador que el pasado 31 de mayo denunció en conferencia de prensa que funcionarios federales cercanos a Bonilla lo presionaban e intentaron sobornarlo con 1 millón de dólares, justo para que convocara a una sesión con estas características a fin de reformar el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del estado, aprobado en decreto 112 con fecha 11 de septiembre de 2014, el cual establecía hasta el pasado lunes 8 que el periodo de la próxima gubernatura, por única ocasión, sería de dos años”.
“El Congreso del Estado quedó bajo sospecha”, dijo el senador panista Ernesto Ruffo Appel y conminó a los diputados de su partido a aclarar su situación, “para que no carguen con la sombra de la duda toda la vida”, como ha sido su caso por atribuirse su “triunfo” electoral a la primera concertacesión prianista, perpetrada.
El fuerte golpe político a la pretensión del gobernador electo de Baja California de prolongar su mandato fue propinado el martes 9 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en conferencia de prensa durante su gira de trabajo por Tepic, ante el rechazo que la “Ley Bonilla” ha generado en diversos sectores de la sociedad, dijo que él no se mete en nada “chueco”, relata la nota de referencia de Proceso.
“Si me lo hubieran consultado, como se hacía antes, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno en Baja California“, aseguró el presidente.
El mandatario reiteró que no tiene injerencia en esta reforma. Conminó a todos a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Yo les aseguro que nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar”, concluyó.
Son cuatro los partidos que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la reforma de Bonilla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: PAN, PRI, PRD y MC.
Ante el alud de reacciones adversas que está desatando en la entidad y en todo el país la reforma impulsada por Morena en el Congreso local, Jaime Cleofas Martínez Veloz, ex aspirante por Morena a la alcaldía de Tijuana, dice: “Somos ejemplo nacional de la pendejez”.
Un aspecto no considerado en la nota de Proceso es el relativo a la manipulación de la derecha para desacreditar al régimen lopezobradorista con el pretexto de la “concertacesión“, de segunda generación, entre prianismo y Morena.
Se maneja en medios nacionales como una atrocidad contra la democracia perpetrada por Morena, cuando en realidad el protagonista principal de esta nueva generación de concertacesiones es el PAN y la intención de Morena y la lógica más elemental habían apuntado siempre hacia una elección para 5 años y no para 2, como impuso finalmente un gobernador -y sus aliados legislativos- reacios a admitir que la gente en Baja California está tan harta del panismo que votó arrasadoramente por Morena.
Mientras no se demuestre que los diputados bajacalifornianos de todos los partidos se corrompieron, la decisión soberana del Congreso local debe resistir cualquier embate, provenga de donde provenga, porque empatar la próxima elección de gobernador con la del Presidente de la República, es una meta perfectamente legítima, lógica y eficiente desde el punto de vista del ahorro de recursos públicos, tan escasos en la actualidad.
Mantener 5 años en el poder Ejecutivo (un año menos incluso que cualquier periodo normal) a un político que arrasó en una elección, por mucho que esta se haya proyectado para dos años, podría considerarse inmoral -no ilegal- aunque en un grado mucho menor a la multitud de fraudes electorales que los prianistas -hoy tan escandalizados- impusieron a lo largo de 30 años de su dictadura imperfecta, fraudes en los que anularon por completo la voluntad popular.
Visto este asunto fuera del marco de linchamiento mediático que se enardece cada día más contra el gobierno de la 4T, podría considerarse razonable prolongar el tiempo de administración porque dos años no serían suficientes para que un gobernador que ganó legítimamente la contienda, demuestre sus capacidades y satisfaga la expectativa de quienes, mayoritaria y abrumadoramente, votaron por él.
Quizá lo que cabría en este caso sería un referéndum, o una consulta irreprochable desde el punto de vista estadístico, para comprobar si la ciudadanía de ese estado de la República está dispuesta a avalar la decisión de sus representantes en el Congreso local y dejarse así de intromisiones, grillas y pataleos de los hipócritas que han perpetrado multitud de concertacesiones en sus 3 décadas de “democracia” fraudulenta y corrupta a nivel nacional. ¿No cree usted?
