Gertz Manero, aparte de ineficiente, autoritario: LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura
Le llueven críticas a su iniciativa de reforma judicial, rechazada en el Senado antes de presentarla
Las reformas planteadas por la Fiscalía General de la República dejan a la población “en un estado de vulnerabilidad”, de acuerdo con el análisis de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), según nota publicada en Proceso por Gloria Leticia Díaz.
Asilegal consideró que el paquete de reformas entregadas al Senado de la República por el fiscal Alejandro Gertz Manero, reflejan “retrocesos graves”, dejando sin efecto los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.
“Va en contra de lineamientos recientemente planteados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que urgió a México a seguir en el camino de eliminar el arraigo del sistema de justicia, lo que no fue tomado en cuenta en la iniciativa, y más bien plantea el arraigo como “una nueva herramienta de abuso de derechos humanos, pues ya no se restringirá únicamente al crimen organizado, sino que aplicará como medida cautelar para cualquier otro tipo de delito”.
Es “alarmante” que el fiscal Alejandro Gertz Manero haga semejante propuesta, no sólo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también en la reforma constitucional al artículo 16, considera el organismo.
“Lo que más preocupa, puntualmente, es la gravísima intención de dar un retroceso en materia de derechos humanos, dejando a la población en general “en un estado de vulnerabilidad acrecentado ante los atropellos sistemáticos del aparato de justicia y las autoridades que lo componen”, alertó Asilegal.
Gertz ha sido acusado por analistas de la talla de Edgardo Buscaglia, de enterrar los casos que le envía, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien el fiscal no ha tenido empacho en acusar de violar el principio de presunción de inocencia en agravio del debido proceso “con su protagonismo mediático”, que contrasta con la aparente inacción total de la Fiscalía ante el cúmulo de evidencias -sin consecuencias judiciales- sobre la enorme corrupción imperante en el país.
Por su parte, el especialista Alejandro Hope plantea en su muy leída columna de El Universal “Plata o Plomo” (No maten el sistema penal acusatorio), que “este paquete de reformas parece orientado a inclinar la balanza del sistema judicial hacia el Ministerio Público y a reducir la autonomía del Poder Judicial y que significaría la defunción del sistema penal acusatorio establecido en la reforma constitucional del 2008 y puesta en marcha a nivel nacional en 2016”.
Entre otras cosas, apunta Hope, la reforma propuesta implicaría:
1.- La extensión de la figura del arraigo de 40 a 80 días y en todos los delitos, no solo en los relacionados con delincuencia organizada como se contempla ahora.
2.- La eliminación de los jueces de control.
3.- La admisión de evidencia obtenida de manera ilícita en un proceso penal si hubiese “atenuantes”.
4.- La posibilidad de intervención de comunicaciones privadas en asuntos electorales y fiscales.
5.- El traslado de reos mediante decisión administrativa, sin necesidad de autorización judicial.
6.- La designación de jueces y magistrados por parte de El Senado, en vez de ser una facultad del Poder Judicial.
Hope remata: “Con todos sus problemas, la reforma del 2008 fue un enorme paso civilizatorio para el país: ha hecho más transparente y menos arbitraria la administración de Justicia en México. Ha limitado algunos de los peores abusos del viejo sistema. Como el uso de la confesión [arrancada a menudo con tortura] como prueba casi única… Por favor, no tiren a la basura algo que, con todas sus deficiencias, nos hace un mejor país”.
Con información de Proceso, El Universal y diversas entrevistas de Edgardo Buscaglia en medios televisivos y digitales
