Proceso revela que el subsecretario trataba de complacer al Presidente López Obrador

Karla Quintana Osuna renunció a su cargo como Comisionada Nacional de Búsqueda (CNB) en un contexto de disconformidad con el manejo de las estadísticas de personas desaparecidas en México. Fuentes anónimas cercanas al asunto revelaron a Proceso que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, habría solicitado a Quintana manipular las cifras de desapariciones para reducir su alcance, con el argumento de que el Presidente López Obrador está convencido de que los números estaban inflados.

El detonante clave de la renuncia parece ser la implementación de un censo para verificar la exactitud de las cifras de desaparecidos en el país. Este proceso, en el que la Comisión Nacional de Búsqueda no tuvo participación directa, involucró a personal de la Secretaría del Bienestar y se realizó con el objetivo de confirmar la consistencia de los datos. Este movimiento, avalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, marcó el punto de ruptura con Quintana.

El presidente López Obrador ha afirmado que este censo podría arrojar una disminución en los casos de desapariciones. Además, subrayó que el proceso cuenta con el respaldo de autoridades estatales, fiscalías y varias secretarías gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Bienestar, que movilizó a sus “servidores de la Nación” para llevar a cabo visitas domiciliarias.

Un factor crucial en la renuncia de Quintana fue la participación de la Secretaría del Bienestar en este censo, a cargo de Ariadna Montiel. Esto contradice la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, ya que esta secretaría no está reconocida como una autoridad encargada de la búsqueda. Fuentes no identificadas han indicado que Alejandro Encinas instó a Quintana a reducir las cifras de desapariciones para ajustarse a la visión del presidente, lo que habría generado tensión y conflictos.

Entre las alternativas propuestas para reducir las cifras, se menciona la posibilidad de eliminar registros que no cuenten con pruebas contundentes de desaparición. Esta idea fue rechazada por Quintana y su equipo, quienes argumentaron que ello excluiría casos documentados de la administración actual, lo que chocaría con la narrativa gubernamental de comparación entre administraciones pasadas y presentes en términos de desapariciones.

La situación se agravó cuando Quintana se negó a acatar las indicaciones de Encinas y pidió indicaciones por escrito. Después de varios meses de tensión y desacuerdos, Karla Quintana finalmente dejó su puesto al frente de la CNB. Además, durante su gestión, se llevaron a cabo dos auditorías a la CNB como parte de las presiones hacia su trabajo, cuyos resultados aún no han sido divulgados.

Un último acto en su gestión fue la autorización para publicar una versión de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), permitiendo un acceso controlado a ciertos datos con el objetivo de atender demandas de familiares e investigadores.

En definitiva, la renuncia de Karla Quintana destaca por el trasfondo de diferencias en torno a las estadísticas de desapariciones y la participación de instancias no especializadas en la materia en procesos clave como el censo. Este suceso resalta la tensión entre la objetividad de los datos y la narrativa gubernamental, dejando interrogantes sobre el futuro manejo de la problemática de las desapariciones en México.