Tsunami aprobatorio en congresos estatales. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura
Norma Piña considera que todavía hay recursos legales para frenar la reforma judicial
Finalmente, el aún presidente López logró su propósito de sacrificar al Poder Judicial como un chivo expiatorio de sus terribles fracasos en materia de Seguridad, Salud y Educación, entre otros. Nadie duda, nadie, insisto, que el Poder Judicial en México apesta. Que está plagado de jueces, magistrados y ministros que podrían caracterizarse como un modelo de corrupción y nepotismo extremos. Pero en la apreciación de que la reforma planteada por el mandatario tiene otros fines muy distintos a los de remediar esos males crónicos, coinciden los analistas más destacados de México y el extranjero.
Al más puro estilo de un absolutismo presidencial insospechado en tales niveles de escándalo, más de la mitad de los Congresos estatales, con mayorías morenistas, se atropellaron entre sí para ganar el campeonato nacional del servilismo legislativo, apresurándose a llamar la atención del festejado como los primeros en obsequiarle el regalo prometido por su pastor partidista –y próximo impresentable secretario de Educación–, en lo que constituye una orgía, un tsunami de nalgaprontismo salvaje que supera cualquier marca registrada durante las diez décadas de dictadura perfecta y neoliberalismo juntos.
En su afán de quedar bien con quien se supone ya se va, las pandillas regionales de levantadedos ni siquiera se tomaron la molestia de guardar las formas, con un mínimo trabajo profesional por el que se les paga, antes de aprobar una reforma tan polémica que de ninguna manera merece el trato de mero trámite, por el desprecio que implica para millones de personas que la consideramos completamente fallida e incluso iatrogénica, es decir que generará más problemas de los que pretende remediar.
En el tono de triunfalismo despiadado que ha adoptado a últimas fechas, el presidente de todos los mexicanos (como le dice el lamebotas Lord Molécula, modelo de periodismo a seguir en el obradorismo), aconsejó a los ministros de la Suprema Corte actuar con responsabilidad, acatar la reforma judicial aprobada y no seguirse hundiendo.
La ministra Piña Hernández, en el tono prudente que le caracteriza, recordó que aún existen mecanismos legales para detener esta reforma, como amparos o acciones de inconstitucionalidad, pero subrayó que no puede pronunciarse directamente sobre la validez de estos mecanismos, ya que podría estar impedida de resolver futuros casos que lleguen a la Corte. Esta postura, aunque medida, refleja la complejidad y la cautela con la que el Poder Judicial debe actuar frente a decisiones legislativas francamente golpistas, en tanto anulan el equilibrio de poderes en nuestra democracia,
La ministra expresó su temor de que la reforma represente un “péndulo” que lleve a México hacia un retroceso en derechos humanos y justicia social. Este temor es compartido por muchos sectores de la sociedad civil, que ven en estas reformas una amenaza a los avances logrados en las últimas décadas. La preocupación no es solo por México, sino por el impacto global de una tendencia en la que los derechos humanos, en lugar de avanzar, podrían retroceder bajo el pretexto de reformas políticas que, en teoría, buscan “democratizar” instituciones pero que, en la práctica, podrían socavar su independencia.