CIDH: “¿Y los derechos humanos?”

En un sorprendente despliegue de disonancia con las recomendaciones internacionales, Morena está a punto de dar luz verde a una nueva reforma que ampliará el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, esa curiosa modalidad en la que uno es detenido sin necesidad de un juicio que lo justifique. Y claro, todo en nombre de la seguridad. Entre las joyas de esta propuesta destacan delitos fiscales, como la defraudación fiscal y la compra de facturas, además del contrabando, la extorsión, y actividades relacionadas con el fentanilo. Todo esto, según el plan ideado por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y enviado a la Cámara de Diputados en febrero.

La extorsión se considerará un delito grave

Parece que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 quedaron en la papelera, porque este organismo pidió al Estado Mexicano eliminar el arraigo y modificar la prisión preventiva oficiosa. Pero aquí no hacemos caso a formalidades como el derecho a la presunción de inocencia. Total, según la CIDH, el 40% de la población encarcelada en México está en prisión preventiva y hay casos de personas que llevan años esperando sentencia. Es solo un pequeño detalle que a muchos parece no preocupar.

Morena pretende eliminiar la prisión preventiva oficiosa

La defraudación fiscal: una amenaza de estado

Según Morena, no combatir delitos fiscales con prisión preventiva es jugar con fuego: la subsistencia de la nación entera está en riesgo. El SAT asegura que las falsas facturaciones han costado más de 338,000 millones de pesos en los últimos años, así que, obviamente, el camino más efectivo es meter a todos los sospechosos en prisión preventiva oficiosa, porque claramente esto solucionará la defraudación fiscal y el contrabando de raíz.

Así, con un toque de cárcel para quien osa desafiar el sistema fiscal, Morena se prepara para demostrar que, en México, la mejor justicia es la que se aplica antes del juicio.