“Gaschicoleo”, el negocio criminal que prospera al amparo de autoridades cómplices

El Estado de México se ha convertido en el epicentro del gaschicoleo gracias a la impunidad que otorgan las propias autoridades municipales y estatales. En Ecatepec, el robo y venta ilegal de gas licuado de petróleo (LP) han alcanzado niveles alarmantes bajo el amparo de funcionarios que, lejos de combatir este delito, lo administran como un negocio paralelo.

Los dueños de gaseras legalmente establecidas han documentado en un informe entregado al gobierno de Delfina Gómez el descomunal crecimiento de este mercado negro. Según sus denuncias, la Dirección de Protección Civil ha permitido que, bajo la administración del exalcalde morenista Fernando Vilchis, Ecatepec se convirtiera en la “capital del gas robado”. Con su sucesora, Azucena Cisneros Coss, el problema no ha disminuido; por el contrario, la red de corrupción ha escalado hasta niveles en los que ni la propia alcaldesa puede tomar acción sin tocar intereses que comprometerían a funcionarios de alto nivel.

Creció el gaschicoleo en la administración de Fernando Vilchis

Los números son escalofriantes, plantea un reportaje de la revista Proceso: de los 1,061 expendios de gas en el Estado de México, 619 son ilegales. En Ecatepec, de los 443 negocios, 150 operan sin regulación. En Chalco, 100 de 129 son clandestinos; en Chimalhuacán, 21 de 34. Estas estaciones clandestinas no solo representan una competencia desleal para las empresas formales, sino un peligro latente para la población. En 2024, se registraron 17 explosiones que dejaron cuatro muertos y siete heridos con quemaduras graves. Y a pesar de las denuncias, las gaseras ilegales siguen operando con total impunidad.

El negocio es redondo: los supervisores de Protección Civil del Estado, bajo la dirección de Adrián Hernández Cano, vigilan con lupa a las empresas legales mientras se hacen de la vista gorda con las clandestinas. Los empresarios legales pagan impuestos, permisos y cumplen normas de seguridad; los ilegales pagan sobornos de entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales para seguir operando. La administración de Xóchitl Flores Jiménez en Chimalhuacán también ha sido señalada en el expediente 00606/01-2025 por recibir cuotas a través de su esposo Miguel Benito, permitiendo que 150 estaciones ilegales continúen en funcionamiento.

El gaschicoleo no ha disminuido en Ecatepec con la administración de Azucena Cisneros

La ciudadanía no ha sido indiferente. En colonias como Álamos de San Cristóbal, vecinos han tomado las calles para exigir la clausura de estos negocios ilegales. Han denunciado gaseras ilegales ubicadas a menos de 300 metros de escuelas, mercados y unidades habitacionales, sin obtener respuesta alguna. Los operativos de clausura, cuando ocurren, son un simulacro: cierran un día y al siguiente reabren o se trasladan a otra ubicación.

El gaschicoleo en el Estado de México es un negocio que no podría operar sin la complicidad de las autoridades. La pregunta no es cuándo van a actuar, sino cuánto más seguirán cobrando por su silencio.

Con información de David Fuentes (Proceso).