Lavado de dinero, extorsión y trata de personas, entre sus principales fuentes de ingreso

El crimen organizado en México ha evolucionado a un modelo empresarial diversificado que trasciende el tráfico de drogas, poniendo en evidencia un cambio de paradigma en la economía delictiva, revela un amplio reportaje de El Universal. Lejos de depender exclusivamente de la venta de estupefacientes, los cárteles han encontrado en la extorsión, la trata de personas y el tráfico de productos ilegales nuevas y rentables fuentes de financiamiento. Esta transformación expone el fracaso de las estrategias gubernamentales de combate al narcotráfico, ya que las organizaciones criminales no sólo sobreviven a los embates de las autoridades, sino que han expandido sus operaciones a sectores menos perseguidos y, en algunos casos, hasta legalizados.

Los cárteles de la droga han extendido sus actividades hacia la trata de personas

El negocio criminal más allá de las drogas

Si bien el Cártel de Sinaloa y el CJNG mantienen el narcotráfico como su fuente primaria de ingresos, sus operaciones se han expandido hacia el lavado de dinero y el robo de combustible, respectivamente. En contraste, organizaciones como el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos han hallado en la extorsión, el cobro de piso y la trata de personas actividades más lucrativas que el tráfico de drogas. Este fenómeno se debe, en gran medida, a que estos delitos presentan menores riesgos de interdicción y persecución en comparación con el narcotráfico, especialmente cuando involucran redes empresariales y corrupción gubernamental.

Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revelan que, en 2023, los cárteles mexicanos obtuvieron entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales por sus actividades ilegales en Estados Unidos. Un estudio de la UNAM en 2024 eleva la estimación a 33 mil millones de dólares, confirmando el poderío financiero de estas organizaciones y su capacidad de adaptación ante las medidas de contención.

Los grupos criminales en México han expandido sus operaciones hacia el lavado de dinero y el robo de combustible

Los cárteles como multinacionales del crimen

El Cártel de Sinaloa, por ejemplo, ha convertido el lavado de dinero en una de sus principales fuentes de financiamiento, utilizando brokers financieros en China para blanquear capitales mediante la inversión en precursores químicos esenciales para la producción de fentanilo y metanfetaminas. La DEA ha documentado cómo estas operaciones permiten a empresarios chinos evadir las restricciones bancarias de su país, generando un flujo de dinero transnacional que regresa a México y Estados Unidos en forma de inversiones legales.

Por su parte, el CJNG ha consolidado un modelo de franquicia que le permite expandirse sin un control centralizado rígido. Mientras se cumplan con las cuotas impuestas, cada célula criminal tiene autonomía para diversificar sus negocios, desde el robo de combustible hasta el tráfico ilegal de cigarrillos, como lo evidencia la existencia del llamado “Cártel del Tabaco“.

En el Golfo de México, el Cártel del Golfo ha encontrado en la pesca ilegal un negocio sumamente lucrativo, imponiendo cuotas de extorsión a pescadores de huachinango y tiburón. La pesca ilegal, apenas regulada y de baja vigilancia en comparación con el narcotráfico, se ha convertido en un negocio multimillonario que se extiende hasta los mercados europeos.

El Cártel del Noreste, heredero de la brutalidad de Los Zetas, ha convertido el tráfico y la explotación de migrantes en una de sus principales fuentes de ingresos. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., el cobro de “derecho de paso” en la frontera entre Nuevo Laredo y Texas genera sumas millonarias, mientras que el control de rutas migratorias permite que este grupo siga expandiendo su influencia en estados como Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí.

El crimen organizado en México se ha extendido hacia el tráfico de personas y paso de migrantes

¿Un fracaso del Estado?

Este cambio de paradigma plantea una cuestión ineludible: ¿hasta qué punto el gobierno mexicano ha fracasado en su estrategia de seguridad? La diversificación del crimen organizado es una respuesta a la presión gubernamental sobre el narcotráfico, pero también refleja la falta de un combate integral contra la corrupción y las redes de financiamiento criminal. Mientras los cárteles exploran nuevas fuentes de ingresos, las autoridades parecen siempre un paso atrás, limitadas a una política reactiva que no ataca el problema de raíz.

El hecho de que organizaciones como Cárteles Unidos extorsionen sistemáticamente a productores agrícolas en Michoacán, o que el CJNG domine el robo de combustible sin una respuesta contundente del Estado, es una muestra de la impunidad con la que operan estos grupos. La designación de estos cárteles como organizaciones terroristas podría abrir la puerta a una mayor intervención estadounidense, una medida que, aunque polémica, pondría en evidencia la incapacidad del Estado mexicano para frenar la expansión criminal.

El crimen organizado en México ya no es sinónimo exclusivo de narcotráfico; ha mutado en un ecosistema empresarial delictivo que va desde la extorsión hasta el comercio de especies protegidas. Sin una estrategia que ataque la diversificación criminal y su entramado financiero, la lucha contra los cárteles seguirá siendo una guerra de sombras en la que las organizaciones criminales siempre encontrarán una nueva manera de sobrevivir y lucrar.