Crecimiento exponencial de desapariciones y fosas clandestinas durante el obradorato

El obradorismo alcanzó casi el mismo número de desaparecidos que en el resto de la historia documentada. En lugar de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación de víctimas, la administración de López Obrador desmanteló o debilitó instituciones clave como las Comisión Nacional y las Estatales de Búsqueda. Esta inacción ha resultado en un 99% de impunidad en casos de desaparición y en una crisis forense que deja más de 52,000 cuerpos sin identificar.

López Obrador se negó a recibir a madres buscadoras asegurando que había “mucha manipulación”

Lo anterior, aunado a la galopante militarización de la Seguridad Pública retrata de cuerpo entero una administración perfectamente funcional para los intereses del crimen organizado y absolutamente disfuncional desde cualquier perspectiva de pacificación del país.

Durante la 4té ha desaparecido, en promedio, una persona cada hora. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inició la militarización de la seguridad pública, ocurrieron 0.49 desapariciones por hora, y en el de su sucesor, Enrique Peña Nieto, fueron 0.64. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) registró 114,184 desaparecidos, consolidando el dato de que el sexenio de López Obrador acumuló el 44 % del total de desapariciones contabilizadas en el país.

Una persona ha desapartecido cada hora, durante la 4Té

“Hablar de 50,000 personas desaparecidas es una cosa espantosa, incluso para un país de 130 millones de habitantes; es una crisis humanitaria espeluznante… Por desgracia no hay una solución inmediata, de la noche a la mañana no van a bajar las cifras de homicidios dolosos y desapariciones, pero se tiene que empezar a hacer un cambio radical, paulatino pero consistente, de civilizar la seguridad pública, es decir, el abandono paulatino del modelo militarizado”, expresó Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Bajo presión por el hallazgo en Jalisco y las protestas en varias ciudades, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una estrategia para enfrentar la crisis, incluyendo reformas legales y la creación de una Base Nacional de Información Forense. Sin embargo, especialistas advierten que estos esfuerzos llegan tarde y tras años de negligencia oficial.

Madres buscadoras han encontrados fosas clandestinas y hornos crematorios

Las fosas clandestinas y el cementerio nacional

El legado de la administración obradorista en materia de derechos humanos se traduce en cifras devastadoras: cada día, en promedio, se encuentra una nueva fosa clandestina en México. La violencia no se redujo, sino que se normalizó, mientras miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos en un país donde la impunidad sigue siendo la norma.

La presidenta Sheinbaum ha ignorado a las madres buscadoras y a organizaciones que llevan años exigiendo participación en la toma de decisiones, reflejando un desprecio por la experiencia de quienes han encabezado su propia lucha, al margen de la soberbia burocrática que las excluye, al mismo tiempo que proclama, con letras de oro, que gobierna para el pueblo.

En agosto de 2023 marcharon en la CDMX exigiendo a AMLO hacer algo por los desaparecidos

Grace Fernández Morán, activista y víctima indirecta, cuestionó la falta de inclusión de los colectivos en el plan de Sheinbaum, “¿qué parte de ‘sin las familias no’, no les ha quedado clara?” expresó y recordó que los mecanismos que la mandataria presenta como nuevos han sido exigencias desatendidas desde hace años. La disolución del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana bajo la administración de López Obrador, evidencian la falta de voluntad política para atender la crisis. Fernández Morán insiste en que, sin presupuesto, capacidad y determinación real, los anuncios de Sheinbaum no pasan de ser promesas vacías.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez Contreras también critica la falta de profundidad en el planteamiento de Sheinbaum, señalando que el problema no es la falta de leyes, sino la corrupción y la impunidad dentro de las instituciones del Estado. Además, alerta sobre el riesgo de homologar la desaparición con el secuestro, lo que diluye la responsabilidad del Estado en estos crímenes de lesa humanidad.

Madres buscadoras tienen años pidiendo justicia sin encontrarla

El discurso oficial evade el problema de los agentes estatales involucrados en desapariciones, y el gobierno sigue sin adoptar medidas extraordinarias, a la altura de estas circunstancias extraordinarias, como la cooperación internacional o la intervención de la Corte Penal Internacional.

En lugar de abordar la crisis con acciones contundentes, el plan de Sheinbaum parece más un intento de control de daños tras el escándalo del rancho Izaguirre en Jalisco que una verdadera intención de justicia, actitud incomprensible para alguien verdaderamente preocupado en contribuir a la solución de un tema tan desgarrador y, peor aún, cuando esa actitud incluye insultar a quienes la critican.