Reclamaron la indiferencia oficial ante una crisis que, insisten, es sistemática y sostenida

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum y los legisladores de Morena niegan la existencia de desapariciones forzadas en México, madres buscadoras de Chiapas alzaron la voz desde el Senado para desmentirlos con hechos, testimonios y dolor. Reclamaron la indiferencia oficial ante una crisis que, insisten, es sistemática y sostenida por la participación directa de cuerpos armados del Estado: la Fiscalía y el Ejército.

El Colectivo Madres en Resistencia, acompañado por activistas como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima (víctima de feminicidio), denunció la actitud negacionista del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó de “temerarias” las acusaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Lo acusan de mentiroso e hipócrita: aseguran que se comprometió a apoyarlas en San Cristóbal de las Casas, pero luego las ignoró.

Con cifras concretas —más de 2,200 personas desaparecidas en Chiapas, y 124 mil en todo México según el registro oficial— las madres no solo refutan la postura de Morena, sino que revelan que en muchos casos los perpetradores portaban uniformes militares o de la fiscalía.

Testimonios que desnudan al Estado

Isabel Torres, madre de Cassandra, denunció que su hija fue desaparecida por agentes de la Fiscalía de Chiapas. Asegura que el fenómeno es cotidiano y que la omisión del Estado es tan hiriente como la pérdida misma.

Liliana Pérez relató que personal del Ejército irrumpió en su casa en febrero de 2024 y se llevó a sus dos hijos, uno de ellos menor de edad. “¿Cómo puede negar el gobierno algo que vivimos todos los días?”.

Estela Santos compartió que su hijo Brayan fue desaparecido en Palenque por sujetos armados que lo sacaron por la fuerza. A pesar de tener pruebas, la Fiscalía se niega a reconocerlas como válidas.

Otras madres, como Silvia Ordaz e Hilda Moreno, relataron desapariciones de hijos trabajadores, estudiantes y funcionarios públicos en distintos estados del país, siempre con el mismo patrón: participación o complicidad de autoridades.

Silencio institucional, violencia sistemática

Estas mujeres no solo enfrentan el dolor de la pérdida, sino también la revictimización institucional: indiferencia, negación, burocracia y desprecio. Lo que para ellas es la lucha diaria por encontrar a sus hijos, para el gobierno es una estadística incómoda que busca minimizarse o desaparecer.

La negativa de Morena a reconocer la existencia de desapariciones forzadas no solo es políticamente irresponsable, sino que perpetúa la impunidad. La exigencia de estas madres no es ideológica, es profundamente humana: justicia, verdad, y que no se repita.

Mientras funcionarios como Fernández Noroña descalifican a la ONU y trivializan las denuncias, las madres exigen ser escuchadas por quienes sí las toman en serio. “No necesitamos disculpas de políticos oportunistas. Necesitamos encontrar a nuestros hijos”, sentenció Isabel Torres.

El Estado, en vez de proteger, ha sido en muchos casos el principal agresor. Y eso, por más que lo nieguen desde el poder, tiene nombre: desaparición forzada.