Líderes empresariales miden el daño… no en vidas, sino en puntos porcentuales de confianza

Por Jesús López Segura

En México, hasta el terrorismo político parece medirse en términos de rentabilidad. Tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios clave del equipo de Clara Brugada, la reacción del sector empresarial no fue de indignación democrática ni de alarma ciudadana: fue una mueca de preocupación… por el impacto en la percepción internacional para los negocios.

Consultados por Proceso, los representantes de la iniciativa privada hicieron malabares para no parecer insensibles, aunque sus prioridades quedaron claras: la muerte de servidores públicos en pleno corazón de la capital —esa “isla de estabilidad” que tanto presume el oficialismo— es, antes que un atentado al Estado de Derecho, una amenaza para las inversiones extranjeras.

Carlos García, presidente de la American Chamber of Commerce en México, no se anduvo por las ramas: “La inseguridad siempre es un tema que van evaluando”, dijo, como quien revisa los daños de una tormenta antes de decidir si vale la pena reconstruir. El asesinato de dos funcionarios públicos fue reducido a una métrica de riesgo en el Excel de los inversionistas.

Desde el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Sergio E. Contreras trató de bajarle el tono al drama: “No somos los únicos que pasamos por estas situaciones”, aseguró, como si las ejecuciones políticas fueran gajes del oficio global. Eso sí, advirtió que el tema se colará en la revisión del T-MEC, no por principios éticos, sino por intereses comerciales.

Vicente Gutiérrez Camposeco, de la Canaco CDMX, fue un poco más directo al reconocer que el doble homicidio tiene un “gran impacto” para la imagen de la ciudad, aunque no perdió la oportunidad de alinearse con el discurso de “no dejarnos intimidar”, como si se tratara de no ceder en una negociación arancelaria, no ante el crimen organizado.

Ada Irma Cruz, de la Canacope, mostró algo más de sensibilidad: pidió investigaciones exhaustivas y lamentó que haya quienes crean que pueden actuar con impunidad. Pero de nuevo, el énfasis estuvo en “la confianza de las familias y los negocios”, como si ambas se pesaran en la misma balanza, es decir, como si las familias en general pudieran contratar la seguridad privada o presumir las camionetonas blindadas que ostentan los hombres y mujeres de negocios.

La Coparmex capitalina fue la más tajante: “Ninguna forma de violencia tiene cabida en la vida pública”. Pero su exigencia se centró en que se esclarezca el caso “sin rodeos ni dilaciones”, no por justicia social, sino para que el capital recupere la calma.

Y como si todo esto no dejara ya claro que la lógica empresarial navega en otras coordenadas, Carlos García celebró la llegada del nuevo embajador de EE.UU., Ronald Johnson, experto en inteligencia y exembajador en El Salvador. “Va a ser bueno para todos”, esperanzado en la salvadorización de nuestro país.

En resumen: dos funcionarios ejecutados a plena luz del día en la capital del país, y el verdadero escándalo, para la élite empresarial, es que los números del clima de negocios se desajusten. Porque en México, lo que mata no es el plomo, sino el oro y la plata.