El magnate de “buena fe” que construye, se deslinda y hasta reparte culpas presidenciales

A cuatro años del colapso de la Línea 12 del METRO que dejó 26 muertos, Carlos Slim se declara inocente, culpabiliza a tres exjefes de gobierno —incluida la actual presidenta— y reafirma que en México ser multimillonario también es sinónimo de impunidad blindada.

Cuando una obra pública colapsa y mata a 26 personas, la lógica indica que alguien debe rendir cuentas. Pero si el constructor es Carlos Slim, la ecuación se resuelve con un comunicado donde él mismo se exonera, responsabiliza a los gobiernos que vinieron después, y —como si hiciera un favor— recuerda que rehabilitó el desastre “de buena fe”.

Eso fue exactamente lo que hizo CICSA, la empresa de Slim, al conmemorar el cuarto aniversario de la tragedia de la Línea 12 del Metro. El mensaje es claro: no hay resolución judicial que le impute culpa, por lo tanto, no tiene por qué cargar con la tragedia. La estructura colapsó, sí, pero él sólo vendió fierros certificados por ingenieros de apellidos alemanes. Lo que pasó después —asegura— es culpa del mal diseño y de la ausencia de mantenimiento.

Es decir, la culpa es de todos… menos de él.

Por si fuera poco, el deslinde llega con una diana colocada estratégicamente sobre la cabeza de Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, a quien se le incluye en la lista de responsables por no haber dado mantenimiento adecuado durante su gestión como jefa de Gobierno. Es un movimiento quirúrgico: el millonario no sólo se lava las manos, sino que aprovecha para señalar a quien hoy ocupa la silla presidencial. Una jugada de poder, disfrazada de puntual aclaración técnica.

La rehabilitación, según Slim, fue un acto de generosidad. Se dice solidario con las víctimas —aunque no tanto como para aceptar que las indemnizaciones se revalúen de acuerdo con su capacidad económica—. Que pague lo justo una de las empresas más ricas del país parece, en su visión, una petición impertinente. Si acaso les dio algo a las víctimas, fue porque quiso, no porque debiera.

Así opera la impunidad de élite en este país: se paga cuando conviene, se calla cuando amenaza y se culpa cuando reditúa políticamente. Slim no necesita defensores: tiene a su disposición los micrófonos presidenciales, los silencios de las fiscalías y los recursos para evitar que la justicia alcance su despacho en Plaza Carso.

Este nuevo deslinde no sólo es una muestra de mezquindad empresarial: es también un recordatorio brutal de cómo el dinero torpedea la rendición de cuentas. Porque en este país, cuando eres el hombre más rico de México, puedes construir una obra que se cae, negociar su reconstrucción con el presidente, evitar una sola condena judicial y, además, salir diciendo que la culpa fue de los otros. Incluso si ese “otro” ahora es la presidenta.

Slim no construyó una línea dorada. Construyó, más bien, un monumento a la arrogancia empresarial y a la impunidad de Estado.