Cualquier ciudadano podría ser catalogado como terrorista por construir una casa en Valle de Bravo

Construir una casa de descanso en Valle de Bravo podría convertir a cualquier ciudadano en cómplice material de un grupo criminal catalogado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Así lo advirtió Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), durante un seminario especializado en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con el reportaje firmado por la periodista Camila Ayala Espinosa para Proceso, aunque el gobierno mexicano ha implementado el llamado “Operativo Liberación” en el Estado de México —con la participación de la Guardia Nacional y la Marina— el control del crimen organizado sobre el sector construcción, particularmente en un destino turístico como Valle de Bravo, permanece prácticamente intacto.

Herrera señaló que el narco ha sofisticado sus métodos de lavado, pasando de los tradicionales esquemas financieros a mecanismos visibles y rutinarios, como el acaparamiento del transporte de materiales de construcción. En Valle de Bravo, explicó, todos los constructores están obligados a contratar a una única empresa ligada a un sindicato bajo el control de la Nueva Familia Michoacana, organización que recientemente fue clasificada como terrorista por Estados Unidos.

El experto advirtió que este tipo de estructuras criminales no sólo enmascaran el origen ilícito de los recursos, sino que también arrastran a ciudadanos y empresarios al riesgo de ser señalados por vínculos con organizaciones terroristas, aún sin saberlo. El uso de maquinaria, la facturación de mano de obra, la compra de cemento o grava, y los contratos de obra pública y privada son parte de un engranaje criminal que opera con normalidad y, en muchos casos, sin oposición estatal efectiva.

Pese a que las autoridades federales clausuraron recientemente algunos de estos negocios, la respuesta del grupo criminal fue inmediata: bloqueos carreteros con camiones. Para Herrera, esta reacción demuestra el profundo enraizamiento del crimen en la economía local, y la necesidad urgente de que el Estado establezca controles regulatorios, fiscales y legales de carácter permanente, no sólo operativos simbólicos.

La investigación de Proceso recuerda que el dominio del crimen organizado sobre el sector construcción en el Estado de México se consolidó desde 2020, mediante tres mecanismos principales: cobro de cuotas, quema o robo de unidades, y la centralización del suministro de materiales. Todo esto ha derivado en un “nuevo orden” del sector, operado por el narco como resultado de la política de abrazos y no balazos.

En palabras del especialista: “Todo mundo sabía lo que ocurría en Valle de Bravo. El problema lleva al menos cinco años, y apenas ahora el Estado ha reaccionado”.

Esta denuncia refuerza la urgencia de repensar la lucha contra el lavado de dinero en México, especialmente en sectores aparentemente legítimos como el de la construcción, donde las redes criminales no sólo blanquean capital, sino que capturan territorios completos.