Manejó en Ecatepec un sistema de espionaje, protegió a criminales y dejó un endeudamiento histórico

Con el respaldo simbólicamente abrumador de más de medio millón de firmas ciudadanas, el diputado local Octavio Martínez Vargas presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) una solicitud formal para investigar y retirar el fuero al diputado federal y exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras. La acusación no es menor: presuntos vínculos con el crimen organizado, corrupción sistemática y una herencia financiera que daña gravemente al municipio, publica Noe Álvarez Pascual en el diario local El Sol de Toluca.

En el oficio DL/DTTOIV/189/2025, dirigido al fiscal José Luis Cervantes Martínez, Martínez sostiene que existen elementos para acreditar la probable responsabilidad de Vilchis en la consolidación de la estructura criminal conocida como Unión 300, encabezada por Luis “El Conejo” y que, según el legislador, se fortaleció durante la gestión municipal del acusado entre 2018 y 2024.

Uno de los ejes de la denuncia es el sistema de videovigilancia Jaguar, integrado por más de 600 cámaras instaladas sin licitación y con un costo estimado de 400 millones de pesos. Estas no estaban conectadas al C5 estatal, sino a un centro de control municipal, lo que —según Martínez— derivó en un “espejo” clandestino de espionaje descubierto en julio de 2025, presuntamente usado para extorsión, despojo y secuestro.

El diputado también vincula a Vilchis con Hugo Francisco “N”, dirigente de la organización Gopez, detenido por despojo y extorsión, y que operaba con apoyo de policías municipales. Este grupo, afirma Martínez, era un brazo político y operativo del entonces alcalde.

En el terreno financiero, la denuncia señala un probable daño al erario por más de 315 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, así como una deuda municipal que rebasa los 4 mil 500 millones. A ello se suman irregularidades por casi mil 800 millones de pesos, pagos excesivos, nepotismo, finiquitos irregulares a familiares, despojo de predios y presiones para controlar cuotas en el sector transporte.

Martínez pide a la FGJEM investigar posibles delitos de peculado, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, y coordinarse con la Fiscalía General de la República para impulsar el procedimiento de desafuero.

La ofensiva judicial contra Vilchis llega en un momento en que Ecatepec sigue cargando con los efectos de su gestión, mientras el debate público se divide entre quienes ven la denuncia como un acto de justicia y quienes la interpretan como un episodio más de la larga guerra política entre tribus morenistas y petistas en el Estado de México.