Chilpancingo, municipio obligado a rogar apoyo a la federación por negligencia del gobierno local
Asesinatos impunes de comerciantes y hasta inmolación de mujeres sacuden al municipio
El alcalde priista de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, se ha visto obligado a hacer lo que ningún político admite con gusto: implorar ayuda. No a su gobernadora —la ausente Evelyn Salgado—, sino directamente a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, como si Guerrero ya fuera territorio sin cotos institucionales. Su súplica, tras una jornada de ataques, asesinatos e incendios que dejaron hasta niñas quemadas en plena capital del estado, revela la desnudez de un poder local cada vez más simbólico frente al músculo criminal.
El cuadro recuerda inevitablemente al del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, quien también se vio reducido a lanzar gritos de auxilio a la federación cuando los grupos armados le desbordaron el municipio. Es el mismo guion con diferentes actores: autoridades acorraladas, gobiernos estatales silentes y alcaldes que se convierten en voceros involuntarios del colapso.
En Chilpancingo, la violencia se acumula con saña: transportes incendiados a plena luz del día, comerciantes ejecutados y estudiantes que deciden no asistir a clases por miedo a no regresar. Mientras tanto, la gobernadora Salgado guarda un silencio tan estruendoso como las ráfagas de metralleta.
Lo que hoy se vive en la capital guerrerense no es un caso aislado, sino un síntoma: la federación se convertirá en ventanilla de ruegos para ediles sitiados, en una dinámica que amenaza con multiplicarse a lo largo y ancho del país. De seguir así, la política municipal mexicana será poco más que un catálogo de súplicas desesperadas, con alcaldes convertidos en gestores de seguridad ajena porque la propia les ha sido confiscada por los grupos criminales.
El lamento de Chilpancingo, como el de Uruapan, es apenas otro capítulo de un coro que promete crecer hasta volverse ensordecedor.
