Propone la ministra quitar voz y voto a discapacitados en decisiones legislativas que los afecten

Hay ministros que buscan pasar a la historia por su inteligencia jurídica, otros por su integridad moral, y algunos —como Lenia Batres Guadarrama— parecen empeñados en ganarse un lugar en el Olimpo de la necedad. La ministra, convertida en ariete ideológico del obradorato dentro de la Suprema Corte, acaba de dar un paso firme en su carrera por el máximo galardón de la estulticia cuatrotera: proponer que México abandone un criterio que durante años ha protegido a las personas con discapacidad de ser tratadas como objetos legislativos sin voz ni voto.

Sí, leyó bien. Batres quiere que la Corte deje de exigir al Congreso y a las legislaturas locales la consulta previa a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes que puedan afectarles. Porque ¿para qué molestarse en escuchar a quienes viven las consecuencias de las decisiones, si un burócrata iluminado puede decidir por ellos desde un escritorio?

El criterio que la Corte estableció desde 2016 —en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— obliga al Estado mexicano a garantizar la participación activa de este sector en la creación de leyes que los involucren. Gracias a ello, más de 50 legislaciones discriminatorias fueron declaradas inconstitucionales. Pero para Lenia, eso no es un logro, sino un “vicio”. En su universo, defender derechos humanos equivale a cometer una “perversión jurídica”.

Durante la sesión del 11 de septiembre, mientras el Pleno discutía la Ley de Salud Mental de Chihuahua, Batres volvió a la carga: pidió abiertamente “detener esta perversión” y eliminar la obligatoriedad de la consulta previa. Ocho ministros, quizá hipnotizados por el fervor ideológico, accedieron a incluir sus consideraciones en el fallo. La ministra no perdió el tiempo y el 7 de octubre presentó un proyecto de resolución que formaliza su propuesta: que la consulta sólo sea obligatoria si las personas con discapacidad la piden expresamente, o si la Corte considera que una ley podría perjudicarlas.

En otras palabras: adiós al principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”. Bienvenidos al paternalismo restaurado, versión 4T.

El argumento de Batres —que repite como mantra— es que invalidar leyes por falta de consulta es “darle más importancia a la forma que al fondo”. Lo que no explica es por qué habría que sacrificar derechos constitucionales para proteger la pereza legislativa de los aliados del régimen. Su postura, revestida de un falso pragmatismo, es una invitación al retroceso jurídico en nombre de la “eficiencia”.

Por fortuna, aún hay voces sensatas en el Pleno. Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Giovanni Figueroa recordaron que la consulta previa no es una cortesía, sino una obligación del Estado mexicano derivada de tratados internacionales. “No podemos decidir qué les conviene a las personas con discapacidad, sustituyendo su voluntad”, advirtió Esquivel, dándole una lección de sentido común a su extraviada colega.

Pero Batres no escucha razones. Su cruzada no es jurídica, sino ideológica: borrar los criterios de una Corte que, según ella, “invalidaba leyes de la Cuarta Transformación”. En realidad, lo que intenta es adaptar el Poder Judicial al molde autoritario que añora el obradorismo: una justicia obediente, funcional y, sobre todo, sorda.

Así, mientras el país intenta avanzar hacia una sociedad más incluyente, Lenia Batres marcha en sentido contrario, abanderando la causa del retroceso con la serenidad de quien no ha entendido nada. En su afán de congraciarse con el dogma obradorista, la ministra ha logrado lo que parecía imposible: competir codo a codo con otros personajes ilustres de la cuatroté -como Noroña y Adán Augusto– por el Premio Nacional a la Estulticia. Y, si sigue así, tiene todas las de ganar. Por cierto, me comentan que la próxima iniciativa de Batres contempla que, en las vecindades, se pueda pagar la renta con plantitas.