Treinta años por un audio de WhatsApp: la brutal obscenidad del régimen de Maduro

Doctora de 65 años sufre infarto en la prisión donde la recluyeron por criticar al dictador

Por Jesús López Segura

En la Venezuela de Nicolás Maduro ya ni siquiera hace falta marchar, protestar o escribir un artículo incómodo para caer bajo la maquinaria represiva del Estado. Basta enviar un audio de WhatsApp. Ese fue el “crimen” de Marggie Orozco, médica general de 65 años, hoy condenada a la pena máxima —30 años de prisión— como si se tratara de una terrorista internacional y no de una mujer que, desde el agotamiento cotidiano, se atrevió a cuestionar al poder.

El régimen la acusa de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”. Todo por quejarse de la vergonzosa repartición de bombonas de gas y por invitar a su comunidad a participar en unas elecciones. En la Venezuela oficialista, llamar a votar ya es una forma de conspiración.

Orozco fue denunciada por dirigentes comunitarios del chavismo —ese aparato de delación vecinal que Maduro ha institucionalizado como método de control social— y detenida en agosto de 2023, en plena resaca postelectoral tras la reelección más cuestionada del continente. Desde entonces permanece recluida en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, Táchira: un encierro que a sus 65 años equivale, de facto, a una sentencia de muerte.

Su salud lo confirma. La médica sufrió dos infartos en los últimos dos años, el más reciente ya en prisión, en septiembre de 2024. A ello se suma una depresión crónica marcada por la tragedia: perdió a dos hijos, uno víctima de un intento de robo y otro en un accidente. Pero ni siquiera ese historial conmueve a un sistema que ya renunció a toda apariencia de humanidad. En Venezuela, la crueldad se volvió política pública.

La condena contra Orozco no ocurre en el vacío. Es la continuación de la ola represiva que siguió a la reelección de Maduro: más de 2,400 detenidos por protestar, de los cuales alrededor de 2,000 fueron liberados después, cuando el costo internacional ya estaba pagado. Porque así opera la dictadura: detiene para sembrar miedo y excarcela para simular clemencia.

La perversión llegó a tal grado que Maduro pidió a sus simpatizantes denunciar a los “fascistas” —palabra comodín para designar a cualquiera que disienta— mediante una aplicación que, irónicamente, otorga bonos y alimentos subsidiados. Un sistema de control político envuelto en propaganda social.

Hoy, Venezuela contabiliza unos 882 presos políticos, según Foro Penal. Orozco es uno más en la lista, pero su caso es emblemático: muestra que la represión chavista ya no distingue militancias ni edades; basta tener un teléfono celular y la sinceridad de expresar un malestar cotidiano para convertirse en objetivo del Estado.

La sentencia de 30 años no sólo es desproporcionada. Es una advertencia, una amenaza y un mensaje: en la Venezuela de Maduro, la patria no se traiciona criticándola; se traiciona permitiendo que este tipo de injusticias sigan ocurriendo sin que el mundo levante la voz.