Sus fines esenciales: la protección, desarrollo, respeto y garantía a la dignidad, libertades y derechos de las personas
El anteproyecto de reforma constitucional del Estado de México busca facilitar que la ciudadanía comprenda su Constitución como un instrumento político cotidiano de la defensa de sus derechos y de la comprensión precisa y exacta del régimen político y del diseño constitucional del gobierno, con una sistematización que garantice los derechos, fortalezca el ejercicio institucional y la participación ciudadana en beneficio social, explicó Rubén Islas Ramos, secretario técnico del Secretariado para el Análisis de la Reforma Constitucional y el Marco Legal (Sectec), al dar a conocer el resumen ejecutivo del borrador del anteproyecto de reforma constitucional.
En la primera sesión del Tercer Periodo del Parlamento Abierto y del Parlamento Regional para la reforma de la Constitución Política estatal, y en presencia Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador General del Sectec, del diputado Daniel Sibaja González (Morena), presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Sectec; y Montserrat Ruiz Páez, presidenta del Parlamento Abierto, Rubén Islas indicó que el proyecto integra 12 títulos basados en las propuestas recabadas por el Grupo Plural, en los diálogos con la Administración Pública y el Poder Judicial; el estudio crítico de la Constitución actual y la elaboración de la Constitución con nuevos contenidos en Derechos Humanos y diseño de la realidad estatal actual.
Detalló que en el ‘Título Preliminar: El Estado de México‘ se describen como elementos del Estado a la soberanía, territorio, población y gobierno, se reconoce la voluntad general del pueblo mexiquense para constituirse como entidad política, establecerse como un Estado social y democrático de derecho, así como formar parte de la Federación.
También determina como fines esenciales: la protección, desarrollo, respeto y garantía a la dignidad, libertades y derechos de las personas, la participación popular en las decisiones que afectan la vida pública en todas sus dimensiones, la construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria, responsable, para el desarrollo de la prosperidad y el bienestar colectivo.
Islas explicó que el ‘Título Primero. De los principios rectores y valores constitucionales’ desarrolla los principios que consagran una fuerza vinculante para el establecimiento de cualquier disposición constitucional que serán: la dignidad humana como origen y fin de los derechos e instituciones; la libertad individual y colectiva que garantice las condiciones materiales y formales para que estas sean desarrolladas en los ámbitos político, cultural, económico y social.
Además de la igualdad de obligaciones, derechos y oportunidades ante la ley; la democracia entendida como un sistema de vida fundado en la deliberación ciudadana para atender los problemas de la sociedad; la fraternidad y solidaridad que contribuyan a la cohesión social entre las personas que habitan el Estado y la legalidad para el estricto rechazo a la corrupción e impunidad.
Las y los parlamentarios se pronunciaron por puntualizar desde los primeros títulos la protección de derechos de pueblos indígenas y vulnerables a través de sistemas normativos para lograr la pluriculturalidad y multiculturalidad, así como la solidaridad humana, la participación de los pueblos originarios, entre otros aspectos.
