Los armeros pueden apelar e incluso llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia

En un fallo histórico, la Corte federal de apelaciones del primer distrito del estado de Massachusetts abrió la posibilidad de que el gobierno mexicano continúe con su demanda contra los fabricantes de armas estadounidenses. Este veredicto representa una victoria temporal para el presidente Andrés Manuel López Obrador en su esfuerzo por responsabilizar bilateralmente a Estados Unidos en el tráfico de armas y municiones.

El fallo revierte la oposición previa a la demanda de México, sosteniendo que el Acta de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) no impide al gobierno mexicano proceder con su denuncia contra los fabricantes de armas. Aunque es un avance significativo, esta victoria en las cortes estadounidenses no marca el fin del caso.

Los fabricantes de armas demandados tienen la opción de solicitar la revisión del caso en una sesión plenaria con los 15 jueces de la Corte de apelaciones. Además, en caso de que la Corte favorezca al gobierno mexicano, los armeros estadounidenses podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos como último recurso.

La demanda, presentada por México, acusa a los fabricantes de armas de ser cómplices indirectos de la delincuencia organizada al no modificar sus políticas de comercialización, a pesar de saber que un porcentaje de sus productos forma parte del tráfico ilícito de armas hacia México.

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y encargado de la demanda en Massachusetts, calificó el fallo como una “gran victoria e histórica para México en nuestra lucha por exponer la responsabilidad de los fabricantes de armas de Estados Unidos en la violencia que desde hace años padece el país.”

La demanda fue impulsada por la Cancillería bajo la dirección de Marcelo Ebrard, como parte de la estrategia para obtener una mayor cooperación de Washington en la detención del flujo ilegal de armas hacia México. Tras un intento previo desechado en octubre de 2022, la Corte de Boston, en marzo del año pasado, abre ahora la posibilidad para que México continúe su demanda.