Más del 70% de los asesinatos fueron de indígenas, principalmente en Michoacán, Jalisco y Colima

México se posiciona como el tercer país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, con 203 asesinatos documentados entre 2012 y 2023, según un informe de Global Witness. Superado solo por Colombia (461) y Brasil (401), el país enfrenta una crisis de violencia que afecta especialmente a comunidades indígenas y activistas que luchan contra la minería y otras industrias extractivas.

El informe Voces silenciadas revela que, en 2023, más del 70% de los asesinatos en México fueron de indígenas, con una alarmante concentración de casos en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, siendo este último el más peligroso. La minería, que contribuyó al 40% de estos homicidios, aparece como un motor clave de la violencia. La explotación minera, fundamental para la economía mexicana, ha traído consigo no solo riqueza para saqueadores extranjeros, sino también muerte y represión.

Ambientalistas en México han sido asesinados por protestar por extracción minera

El discurso nacionalista del mandatario actual, Andrés Manuel López Obrador, quien al principio de su administración criticaba casi a diario que sus antecesores hayan concesionado el 60% del territorio nacional a empresas mineras extranjeras, principalmente de Canadá, terminó, como en muchos otros aspectos de su incendiaria narrativa, en una profunda decepción.

A nivel global, América Latina sigue siendo la región más peligrosa para los ambientalistas, con el 85% de los homicidios de 2023 concentrados en esta región. En México, la desaparición forzada también emerge como una preocupación creciente, con al menos 21 casos documentados en la última década.

El informe de Global Witness deja al descubierto una serie de problemáticas estructurales que contribuyen a esta violencia: la corrupción, la impunidad y los intereses económicos que priman sobre los derechos humanos.

Asesinato de ambientalistas en México aumentó

En este contexto, el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la seguridad de los activistas, lo que refleja una crisis de derechos humanos que trasciende lo ambiental y socava las bases de la democracia. La impunidad y la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades para proteger a estas personas permiten que los intereses económicos continúen primando sobre la vida y los derechos de las comunidades vulnerables.

Conclusión: El caso de México, como el de otros países de América Latina, es un recordatorio doloroso de que la defensa de la tierra y el medio ambiente sigue siendo una lucha mortal. Mientras el país no tome medidas firmes para proteger a sus activistas y garantizar que las industrias extractivas operen bajo estrictos estándares de responsabilidad social y ambiental, la violencia y las desapariciones forzadas continuarán siendo el precio de la riqueza mineral.