Recortar el presupuesto al INE y a los partidos políticos, así como ¡eliminar las plurinominales!

Por Jesús López Segura

La presidenta Claudia Sheinbaum no se anda con rodeos: pese a que el INE ya se dobló ante los designios del oficialismo en la reciente elección judicial —validando una “consulta” plagada de opacidad y alineándose dócilmente al acordeón de Palacio—, la Cuarta Transformación no le perdona ni el amague de dignidad. Por eso, la mandataria confirmó este lunes que promoverá una reforma electoral que no solo recorta su presupuesto y el de los partidos, sino que podría cercenar al árbitro electoral hasta dejarlo neutralizado, si no es que completamente irreconocible.

La presidenta justificó la embestida con el argumento de que “un grupo de consejeros” del INE “se extralimitó” al señalar irregularidades en el conteo de votos de la elección judicial, una atribución que, según dijo, corresponde únicamente al Tribunal Electoral. La lógica es clara: si el INE osa siquiera sugerir que algo no cuadra con las cifras mágicas de la 4T, debe ser desmantelado por insolente.

En su conferencia matutina, Sheinbaum no ahorró descalificaciones. Llamó “hipócritas” a los “comentócratas” que alertan sobre el deterioro institucional del país, minimizó los señalamientos de censura (con el clásico “nadie los censura, pero todos se quejan”) y desempolvó el expediente de 2006 —el comodín eterno de la narrativa obradorista— para deslegitimar cualquier crítica al presente.

“Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta”, afirmó. Y no es una promesa menor. El paquete incluirá recortes significativos al gasto del INE, una poda al financiamiento de los partidos políticos y la eliminación de los legisladores plurinominales, el último reducto de subsistencia del pensamiento opositor en los congresos. Para rematar, también propone que los consejeros y magistrados electorales sean electos por voto popular, una idea tan seductora como peligrosa en un entorno donde el poder tiende a decidir hasta por quién se debe indignar el ciudadano promedio.

La presidenta se quejó del dinero que “cuesta” la democracia. Ocho mil millones de pesos, dijo, se fueron en la organización de la elección judicial. Pero omitió que fue su propio gobierno el que impuso una consulta confusa, sin garantías, y a todas luces hecha para simular la voluntad popular, no para ejercerla.

Más allá de las cifras y las frases hechas, el fondo es brutalmente claro: aunque el INE ya mostró sumisión en el proceso más reciente —validando una votación donde hasta los “acordeones” sustituyeron al voto libre—, eso no basta. La 4T lo quiere obediente, pero además mudo y barato.

Es decir, si el INE esperaba clemencia por haberse humillado, no entendió bien de qué va esta película: en la lógica del régimen, aquel que no se pliegue del todo, será etiquetado como traidor, opositor o, peor aún, “comentócrata”.

Porque en la República imaginaria de la 4T, solo hay espacio para una voz, una narrativa, un jefe (que no es precisamente ella). Los demás, incluso los que ayudan a sostener la farsa, estorban tarde o temprano.