Monreal le pone bozal a la ley contra la extorsión… ¿y de paso se cura en salud?
Sheinbaum propuso 20 años de prisión a los funcionarios cómplices, Monreal la reduce a 12
Por Jesús López Segura
Cuando Claudia Sheinbaum quiso estrenar su ley “estrella” para combatir la extorsión —ese cáncer nacional que cobra vidas, negocios y gobiernos enteros—, seguramente no imaginó que el primero en “castrarla” sería su propio compañero de partido: Ricardo Monreal, el eterno equilibrista del morenismo, maestro del cálculo y del disimulo.
El zacatecano, curtido en el arte de la maniobra parlamentaria, volvió a hacer de las suyas. A última hora, descafeinó la iniciativa presidencial con una enmienda que reduce drásticamente las penas a los funcionarios públicos que omitan denunciar el delito de extorsión. Lo que Sheinbaum concibió como un mensaje de fuerza contra la impunidad, Monreal lo transformó —con el apoyo del PVEM, el PT y el servicial Movimiento Ciudadano— en un gesto de “racionalidad punitiva”, según sus propias palabras.
“No es una indulgencia”, dijo el líder morenista, “es proporcionalidad”.
Traducción: no hay que castigar tanto al funcionario que, por miedo, complicidad o comodidad, se hace de la vista gorda ante los extorsionadores.
La “racionalidad” de Monreal consiste en que los servidores públicos que encubran este delito enfrentarán penas de cinco a doce años de prisión, en lugar de los diez a veinte que proponía originalmente Sheinbaum. Una rebaja que, en el contexto actual, suena menos a sensatez jurídica que a autoprotección preventiva, como si el propio legislador sospechara que más de uno de sus aliados podría necesitar el favor de esa “moderación”.
No faltaron quienes en el Congreso leyeron la jugada como lo que es: un acto reflejo de encubrimiento político. El PAN y el PRI acusaron a Morena de proteger a sus funcionarios vinculados con el crimen, y hasta le pusieron nombre al despropósito: “la Ley Hernán”, en referencia al escándalo del secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por sus vínculos con grupos criminales.
La vergüenza es doble: Sheinbaum, que en julio reconoció que la extorsión era “el delito que no hemos podido disminuir”, ve cómo su propia bancada sabotea su promesa más urgente en materia de seguridad. Y Monreal, siempre dispuesto a quedar bien con todos, emerge una vez más como el cirujano que opera con bisturí político lo que debería ser una cirugía a corazón abierto.
El resultado: una ley que pretende perseguir la extorsión sin incomodar a quienes la encubren.
Mientras tanto, las cifras siguen sangrando. Desde 2019, los casos de extorsión han crecido más de 30%, y en algunos estados —como Michoacán, Guerrero o Chihuahua— el delito se ha vuelto la nueva forma de gobierno. Los productores que se atreven a denunciar, como Bernardo Bravo, terminan asesinados; los demás, aprenden a callar. En ese país del silencio, Monreal acaba de darles una razón más para hacerlo.
Y, por si fuera poco, los mismos legisladores que presumen la “ley más avanzada” en materia de extorsión no asignaron un solo peso adicional en el presupuesto para implementarla. Es decir, una cruzada sin balas, una guerra sin soldados.
Lo que Sheinbaum presentó como una ofensiva contra la delincuencia terminó convertida, gracias a su propio líder parlamentario, en una maniobra de contención política: un ajuste cosmético para simular eficacia sin asumir riesgos.
Al final, Monreal vuelve a ser Monreal: el hombre que nunca se mancha, que siempre encuentra el punto medio entre la legalidad y la conveniencia, entre la lealtad fingida y el cálculo frío.
La presidenta quiso una ley ejemplar contra la extorsión. Su bancada le entregó una ley “ejemplarmente tibia”. Y entre tanto pragmatismo, los únicos que salen verdaderamente protegidos son —otra vez— los cómplices con placa. Como se aprecia en el video, el argumento torcido de Monreal penaliza más al extorsionador que al funcionario cómplice que, por ley, debería denunciarlo. Por eso la propuesta de Sheinbaum castigaba más al funcionario cómplice de la extorsión.
