Lejos de ser un lastre, ahora resulta que el huachicol fiscal se erige como trampolín político
Otra vez la columna de Raymundo Riva Palacio desmenuza el contrabando de combustible —ese huachicol fiscal de traje y oficina— que no solo operó a escala industrial, sino con la comodidad de saberse protegido por quienes debían impedirlo. El desfile de nombres —almirantes, generales, directores de aduanas— no deja espacio para la duda: no fue una falla, fue un modelo de negocio. Y mientras millones de litros cruzaban puertos como Juan por su casa, la justicia se quedó varada, selectiva y sospechosamente miope. El mensaje es brutal: en el México reciente, el crimen no infiltró al Estado… se sentó a la mesa con él.
“Durante al menos cinco años, revela una investigación de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda, de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ Focus, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de una red criminal operada por ocho empresas, tres mandos medios –entre militares, marinos y civiles– y los titulares de seis aduanas…”
“Las figuras más importantes que cubrieron esa compleja red de corrupción en las aduanas, y que permanecen judicialmente blindadas, son: el exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, que vive en un condominio de 15 millones de pesos en Cancún; Rafael Marín Mollinedo, dos veces director de la Agencia Nacional de Aduanas en los dos gobiernos obradoristas; los otros tres extitulares: Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en Estado de México; Ricardo Peralta, representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, y el general retirado André Foullon“.
“Los sobornos alcanzaban a decenas de funcionarios aduanales de Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Pantaco y AICM, en la CDMX; Guaymas, Sonora; Tampico, Tamaulipas, y Veracruz, que iban desde la titularidad hasta las jefaturas de departamento. Los nombres de los administradores en varias de las aduanas mencionadas por Melgoza y Castañeda fueron mencionados en este espacio hace tres semanas, como parte de la corrupción durante la gestión de Duarte“.
Pero el verdadero giro irónico —casi obsceno— para quienes habitamos en el Estado de México, aparece cuando uno de los señalados en ese entramado, Horacio Duarte Olivares, no solo sobrevive políticamente, sino que se proyecta a sí mismo como aspirante a la gubernatura mexiquense. Sí, el exdirector de Aduanas bajo cuya gestión florecieron redes de contrabando ahora se perfila como heredero del poder en el Estado de México, mientras despacha como secretario general de Gobierno.
La paradoja es de manual: en cualquier lógica política mínimamente funcional, las acusaciones reiteradas de corrupción serían un lastre; aquí parecen ser apenas una anécdota incómoda. Duarte encarna esa nueva normalidad donde el costo reputacional es irrelevante frente al cálculo político. Mientras las “cuentas pendientes” en aduanas siguen sin saldarse —ni judicial ni políticamente—, el aspirante camina sin sobresaltos hacia su siguiente cargo, como si el expediente fuera una circunstancia menor y no un escándalo mayúsculo.
Al final, la columna no solo exhibe la magnitud del saqueo, sino algo más inquietante: la elasticidad moral del poder. Porque si alguien con ese historial puede aspirar sin rubor a gobernar una de las entidades más grandes del país, entonces el problema ya no es la corrupción en sí, sino la absoluta ausencia de consecuencias.
