Washington aprieta el cerco: los expedientes secretos y la cacería de narcopolíticos
Sara Carter, la zarina antidrogas de Donald Trump, lo confirma por enésima vez
Por Jesús López Segura
Mientras en Palacio Nacional se insiste en que la relación con Estados Unidos atraviesa por uno de sus mejores momentos, en Washington parecen empeñados en recordar que la cooperación bilateral tiene una factura pendiente: los políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico.
La más reciente advertencia vino de Sara Carter, la zar antidrogas de Donald Trump, quien confirmó abiertamente lo que desde hace meses se comenta en los círculos políticos y judiciales de ambos países: la administración estadounidense no sólo persigue a capos y operadores del crimen organizado, sino también a los funcionarios que les han servido de escudo institucional.
Carter aseguró que su gobierno trabaja activamente para conseguir órdenes de aprehensión contra políticos mexicanos ligados a los cárteles y presumió que ya se encuentran golpeando las estructuras de protección política del Cártel de Sinaloa. Aunque evitó mencionar nombres, la referencia al gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya fue tan evidente que habría resultado más discreto colocar su fotografía junto al mensaje.
Las declaraciones no ocurren en el vacío. Apenas unos días antes se reveló que Estados Unidos mantiene bajo reserva cuatro acusaciones adicionales relacionadas con la estructura del Cártel de Sinaloa. Nadie sabe oficialmente quiénes aparecen en esos expedientes sellados, pero tampoco nadie ignora que podrían involucrar a empresarios, operadores financieros, funcionarios públicos o políticos de alto nivel.
En otras palabras, Washington ya enseñó una carta del mazo con la acusación contra Rocha Moya y nueve integrantes de su círculo cercano. Las otras cuatro permanecen boca abajo sobre la mesa, alimentando especulaciones y nerviosismo en más de una oficina gubernamental.
El mensaje resulta difícil de malinterpretar. Desde hace meses la Casa Blanca combina elogios por la colaboración mexicana en la captura de criminales con recordatorios cada vez más explícitos sobre la protección política que, según sus investigaciones, siguen recibiendo diversas organizaciones del narcotráfico. La cancelación de visas, las acusaciones judiciales y ahora las advertencias públicas forman parte de una misma estrategia de presión.
Lo que para el gobierno mexicano es una cuestión de soberanía y debido proceso, para Washington parece haberse convertido en una exigencia inaplazable: que la guerra contra los cárteles deje de concentrarse exclusivamente en los sicarios y alcance también a quienes, desde cargos públicos, habrían facilitado sus operaciones.
La incógnita ya no es si existen más expedientes. El propio Departamento de Justicia ha confirmado, de facto, que existen. La pregunta es cuándo decidirá abrirlos y, sobre todo, cuántos nombres conocidos aparecerán en ellos.
Porque mientras en México algunos siguen apostando a que las acusaciones estadounidenses son simples instrumentos de presión diplomática, en Washington continúan acumulando expedientes. Y cada vez que uno sale de la bóveda judicial, el discurso oficial mexicano pierde un poco más de margen para fingir sorpresa.
