Del “maxiproceso” a la histeria del “sálvese quien pueda”. AL GRANO. Por Jesús López Segura
Tanto más Sheinbaum elude admitir la existencia de narcopolíticos, cuanto más impulsa su caída
Tal como lo vaticinó Edgardo Buscaglia en entrevista con Carmen Aristegui, a falta de interés de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, en impulsar un “maxiproceso” que limpie de narcopolíticos la administración pública del país, serán los Estados Unidos los que den pie a ese urgente reclamo de la nación.
La columna de Salvador García Soto (“La Lista de los Sapos“. El Universal) retrata un escenario de auténtico “sálvese quien pueda” dentro de la clase política mexicana. Según el periodista, mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en negar fracturas y minimizar las investigaciones provenientes de Washington, cada vez serían más los políticos que, anticipando el tamaño del huracán que se aproxima, buscan a las autoridades estadounidenses para salvar el pellejo a cambio de negociar información.
La imagen que plantea es devastadora para el oficialismo: gobernadores, senadores, dirigentes partidistas y operadores políticos que, lejos de cerrar filas, estarían buscando convertirse en testigos colaboradores del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El viejo juramento de lealtad a la Cuarta Transformación comenzaría a ceder ante un instinto primario de conservación.
García Soto sostiene que la lista difundida recientemente por diversos medios apenas sería la punta del iceberg. Menciona a personajes de Morena, del Partido Verde e incluso de la oposición que, por voluntad propia o tras supuestas invitaciones de autoridades estadounidenses, habrían comenzado a soltar la sopa sobre presuntas redes de narcotráfico, corrupción y huachicol fiscal.
El mensaje político resulta demoledor: cuando los primeros en buscar acuerdos ya no son los fiscales sino los propios investigados, el miedo deja de ser un rumor para convertirse en estrategia de supervivencia. Cada nuevo contacto con Washington alimenta la percepción de que la impunidad se tambalea.
La columna enumera nombres de alto perfil —desde gobernadores fronterizos hasta dirigentes nacionales y exgobernadores— que, según sus fuentes, estarían intentando negociar beneficios antes de que las investigaciones avancen. Aunque varios de ellos han rechazado públicamente esas versiones, el solo hecho de que estos rumores se multipliquen fortalece la idea de que el cerco estadounidense comienza a generar nerviosismo entre amplios sectores del poder político mexicano.
La metáfora final resume el tono del texto: el movimiento que prometía combatir la corrupción estaría enfrentando ahora un fenómeno de delaciones internas masivas, donde antiguos aliados prefieren convertirse en “sapos” antes que compartir el destino de quienes eventualmente pudieran ser alcanzados por las investigaciones.
Más allá de que las afirmaciones de García Soto se sustentan en fuentes que no identifica públicamente y han sido negadas por diversos aludidos, su columna refleja una percepción que gana terreno dentro y fuera del país: la de que los presuntos vínculos entre política y crimen organizado comienzan a ser objeto de una ofensiva internacional que podría convertir el silencio en el peor de los negocios. Si esa percepción continúa creciendo, el mayor enemigo de la narcopolítica ya no será la oposición, sino el miedo de sus propios protagonistas.
Entre los aludidos en la columna figuran:
Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), de quien señala que su gobierno contrató despachos vinculados a operadores cercanos a Donald Trump.
Roger Stone, consultor contratado por el gobierno potosino, según la columna.
Diana London, cuya firma también habría sido contratada por San Luis Potosí.
Jorge Emilio González Martínez, de quien afirma que mantiene diálogo con autoridades estadounidenses.
José Ramón Gómez Leal (“JR“), quien, según el autor, habría ofrecido información sobre la red de Sergio Carmona Angulo.
Los hermanos Cantú Rosas de Nuevo Laredo: Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal y Carmen Lilia Canturosas Villarreal.
Américo Villarreal Anaya, quien, según la columna, habría rechazado colaborar con autoridades estadounidenses.
Alfonso Durazo Montaño, mencionado por presuntas investigaciones y por la creación de una división estatal fronteriza.
Adán Augusto López Hernández, a quien el columnista ubica entre quienes buscarían un acuerdo con Estados Unidos.
Rutilio Escandón Cadenas, mencionado por presuntos acercamientos con autoridades estadounidenses.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien, según la columna, habría contratado representación legal en Miami.
Miguel Ángel Navarro Quintero, mencionado entre quienes habrían sido contactados.
Alfredo Ramírez Bedolla, igualmente señalado como presunto interlocutor.
Alejandro Moreno Cárdenas, de quien afirma que ha entregado información a autoridades estadounidenses.
Es importante subrayar que las personas mencionadas han negado, en distintos casos, las versiones que los involucran, y la columna presenta información atribuida a fuentes del autor, no resoluciones judiciales ni conclusiones oficiales.
También debe ser señalado que esta cacería de brujas, típica del macartismo yanki, podría ser usada por los propios narcopolíticos para implicar a inocentes.
