jueves, julio 23

Asesinan brutalmente a periodista oaxaqueño. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

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“A pesar de ser crítico de mi gobierno, no se justifica la brutal violencia”: Salomón Jara

El periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, de 58 años, fue ejecutado a plena luz del día mientras desayunaba en un puesto de comida cercano a su domicilio, en San Pablo Etla, Oaxaca. Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar; uno de ellos descendió y le disparó a la cabeza, en repetidas ocasiones, acabando con su vida con la frialdad con la que suelen ejecutarse los crímenes destinados a enviar un mensaje.

Según consigna Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras de El Universal, “anoche, el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato de Alejandro Leyva. Dijo que a pesar de ser un periodista crítico con su gobierno, eso no justifica la brutal violencia en su contra”.

Si la cita es exacta, estamos frente a un mandatario estatal convencido de que la violencia contra periodistas se justifica, siempre que no sea brutal.

Exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión durante la administración de Alejandro Murat, en los últimos años Alejandro Leyva se había consolidado como una de las voces más críticas contra Salomón Jara. Apenas unas horas antes de ser asesinado había cuestionado el escaso éxito turístico de la Guelaguetza y, en su más reciente videocolumna, formuló severos señalamientos contra el senador morenista Antonino Morales Toledo, íntimo de Jara, a quien atribuyó presuntos vínculos con el huachicol en el Istmo de Tehuantepec y con despojos de tierras en diversas comunidades de Oaxaca.

La coincidencia temporal entre esas denuncias y su ejecución resulta profundamente inquietante. Corresponde a las autoridades esclarecer los hechos con absoluta independencia y sin permitir que el crimen quede sepultado bajo la impunidad, como suelen decir pomposamente los que, aunque bien intencionados, se hacen de la vista gorda ante el fenómeno evidente de complicidad del narco y la política, simbiosis señalada en muchos casos de investigación por cuenta de los Estados Unidos.

Silenciar a un periodista nunca es un hecho aislado; es un atentado contra el derecho de toda la sociedad a estar informada. Por ello, el asesinato del comunicador oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar provoca una indignación que trasciende el ámbito periodístico y vuelve a exhibir la vulnerabilidad en la que ejercemos nuestra labor quienes nos atrevemos a incomodar al poder.

Suman ya 7 los comunicadores asesinados en lo que va del presente año:

Carlos Castro (Poza Rica, Veracruz, 8 de enero), Juan David Gámez (Nuevo León, 18 de marzo), Roxana Guzmán (Veracruz, secuestrada el 2 de junio y hallada muerta a finales del mes), Luis Ángel López (Poza Rica, 11 de junio), Alex Serna (Zihuatanejo, Guerrero, 3 de julio) y Josué Martínez (Puebla, 16 de julio).

“Algunos de ellos estaban inscritos en mecanismos de protección institucional; a otros, se les negó el acceso pese al riesgo que enfrentaban. Cada muerte expone las grandes fallas del Estado mexicano”, concluye un reportaje de El País, que parece ignorar la hipótesis de complicidad del propio Estado mexicano con los criminales, en cuyo caso no se hablaría de “fallas”, sino de perversa eficacia.

“Por cada voz que apagues en los medios, Salomón, van a surgir 10 más”, advertía Alejandro Leyva Aguilar, quien “responsabilizó públicamente al gobernador por cualquier daño que pudiera sufrir”, según el reportaje mencionado del diario español.

 

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