La cloaca verde que Delfina metió a su gobierno. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López S.
Raúl Piña Horta, íntimo del Niño Verde, llegó como “cuota” al gobierno mexiquense
La captura de Raúl Piña Horta, uno de los hombres más cercanos a Jorge Emilio González, el célebre “Niño Verde”, –pariente político de José Couttolenc, según presumía éste último, a pesar de que su hermana duró casada solo un año con el niño verde, de 2014 a 2015– amenaza con convertir los verificentros del Estado de México en una alcantarilla política mucho más profunda de lo que hasta ahora se ha querido admitir. Y en esa cloaca hay una pregunta inevitable que apunta directamente a Palacio de Gobierno: ¿quién metió a Piña Horta al gobierno de Delfina Gómez?
La respuesta es conocida: la propia administración de la gobernadora lo nombró, en octubre de 2023, director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, como parte de las cuotas que Morena entregó al Partido Verde después de la alianza electoral que permitió a Delfina Gómez conquistar la gubernatura.
Es decir, el personaje no apareció por generación espontánea en la burocracia mexiquense. Llegó por decisión política.
Y no llegó cualquier funcionario. Piña Horta era secretario particular de Jorge Emilio González, diputado federal por el Verde e integrante de los órganos de dirección y justicia de ese partido. Según la investigación citada por Mario Maldonado, además de su estrechísima relación personal con el “Niño Verde”, habría participado junto con Carlos Eduardo Solares Vega en una red que exigía a verificentros pagos mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos, además de cuotas extraordinarias de 500 mil pesos por cada carril de verificación.
Las cifras son de escándalo: en 145 establecimientos, la extorsión habría producido decenas de millones de pesos mensuales y la cuota extraordinaria pretendía generar hasta 435 millones de pesos antes de la renovación de permisos para 2027.
Y aquí es donde la responsabilidad política de Delfina Gómez deja de ser una nota al pie.
Porque si Piña Horta efectivamente utilizó el cargo para operar una red de extorsión, la gobernadora tendrá que explicar no solamente qué hizo el funcionario, sino cómo fue seleccionado, quién lo recomendó, qué filtros pasó y qué controles ejerció su administración sobre un hombre cuya cercanía con la dirigencia del Verde era pública y conocida.
La clásica coartada de “yo no sabía” podrá servir para una declaración mañanera, pero difícilmente resuelve la responsabilidad política de quien encabeza un gobierno.
El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque la detención ocurre en plena guerra por la sucesión de Quintana Roo. Maldonado plantea que la caída de Piña Horta puede ser una investigación legítima y, al mismo tiempo, convertirse en un arma dentro de la guerra entre Morena y el Verde por la candidatura de 2027.
Y si ésa es la lógica, el Estado de México habría terminado convertido en campo de batalla de una disputa que ni siquiera es mexiquense.
Mientras Jorge Emilio González y su grupo impulsan a Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo, el obradorismo respalda a Rafael Marín Mollinedo. De un lado aparecen expedientes; del otro, detenciones. Y en medio quedan las instituciones que deberían investigar delitos, no servir como piezas de ajedrez en las guerras internas de los partidos.
La paradoja es brutal: Delfina Gómez recibió al Verde en su gobierno como aliado político y ahora una de las cuotas de aquella alianza termina convertida en uno de los escándalos de corrupción más delicados de su administración.
Por eso la gobernadora no puede limitarse a esperar el resultado judicial. Tiene una responsabilidad política que comienza por explicar por qué un operador tan cercano al “Niño Verde” fue colocado en un área donde podía ejercer control sobre los verificentros.
Si la Fiscalía encuentra que Piña Horta y sus socios solamente se enriquecieron por su cuenta, habrá que procesarlos con todo el peso de la ley. Pero si la ruta del dinero conduce hacia estructuras políticas, el asunto será muchísimo más grave.
Porque entonces no estaríamos ante un simple funcionario corrupto.
Estaríamos ante una red de recaudación política incrustada en un gobierno que se presentó como la alternativa moral a los viejos vicios del poder.
Y Delfina Gómez tendría que responder por algo más incómodo que la corrupción de un subordinado: por haber abierto la puerta de su administración a personajes impuestos por una alianza política sin que, aparentemente, nadie se molestara en revisar qué clase de intereses entraban junto con ellos.
La “transformación” puede presumir de haber desplazado a los viejos partidos. Pero si para gobernar necesita importar sus cuotas, sus operadores y sus métodos, quizá sólo cambió el color del uniforme.
La cloaca, al parecer, sigue siendo la misma.
