Proceso afina la mirada sobre el exvocero presidencial. AL GRANO. Por Jesús López Segura
Jesús Ramírez: de perseguir a la prensa crítica a protagonizar un entramado de propaganda ilegal
El reportaje de Proceso, titulado «La serie del vocero», documenta un caso que plantea serias preguntas sobre el uso de recursos públicos, los conflictos de interés y las relaciones entre funcionarios, productores y beneficiarios de contratos gubernamentales. Pero también permite observar una contradicción fundamental del modelo de comunicación política instaurado durante el sexenio de López Obrador: quien convirtió la descalificación de los medios críticos en una práctica cotidiana aparece ahora vinculado, como asesor general, a una producción audiovisual financiada con 84.1 millones de pesos del erario.
La historia tiene como protagonista a Jesús Ramírez Cuevas, antiguo vocero presidencial y actual coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum.
El censor de los adversarios y promotor de los amigos
En septiembre de 2020, desde Palacio Nacional, Ramírez Cuevas exhibió públicamente cuánto dinero habían recibido del gobierno las revistas Nexos y Letras Libres, cuyos directores eran críticos del obradorismo. El mensaje era inequívoco: los medios que recibían publicidad oficial del Estado podían ser presentados como dependientes del poder y, por tanto, sospechosos de falta de independencia.
Seis años después, el mismo funcionario aparece como asesor general de “Los años heridos“, una serie sobre la represión política durante la llamada Guerra Sucia, financiada con 84 millones 118 mil pesos de recursos públicos, mediante adjudicaciones directas y sin licitación.
La ironía es monumental: el hombre que señalaba a los medios críticos por recibir dinero público aparece ahora en los créditos de una producción millonaria financiada por instituciones del propio Estado.
La investigación de Proceso identifica tres personajes vinculados al aparato gubernamental:
Jesús Ramírez Cuevas: vocero presidencial durante el gobierno de López Obrador, promotor del libro original y asesor general de la serie.
Erwin Neumaier: fundador de Gravedad Cero Films, productora beneficiaria de los contratos. Fue director del Cepropie, responsable de producir las conferencias mañaneras que organizaba Ramírez Cuevas, y posteriormente dirigió los Estudios Churubusco.
Erwin Neumaier, fundador de Gravedad Cero Films
Fritz Glockner: autor del libro en que se basa la serie y funcionario federal que dirigió Educal, la red de librerías del Estado. En 2022 cedió los derechos de su obra a Gravedad Cero.
La investigación revela coincidencias particularmente delicadas: Neumaier había trabajado con Ramírez Cuevas en la producción de las mañaneras; Glockner había sido promovido públicamente por el vocero, y la productora fundada por Neumaier terminó recibiendo contratos millonarios para realizar la serie.
Proceso documenta además que Neumaier firmó, en 2020, un pedido de la Secretaría de Gobernación por entre cuatro y diez millones de pesos para la empresa que había fundado, aunque sostiene que dejó de participar en ella en 2013.
No se trata de afirmar que estas relaciones acrediten por sí mismas delitos, sino de señalar que configuran circunstancias que ameritan explicaciones y una investigación independiente sobre posibles conflictos de interés.
84 millones de pesos sin competencia y con costos extraordinarios
Los números del reportaje son especialmente reveladores:
84.1 millones de pesos: costo total de la producción con recursos de Capital 21, Canal Once y la CNDH.
534 minutos: duración de los ocho episodios.
157 mil pesos: costo promedio por minuto.
Entre ocho y once veces: incremento respecto de las tarifas por minuto que la misma productora había cobrado anteriormente a Canal Once.
111.6 a 117.6 millones de pesos: contratos públicos acumulados por Gravedad Cero desde 2019, según la investigación.
La contratación se justificó mediante la exclusividad de los derechos de la obra, lo que permitió evitar procedimientos competitivos.
Pero hay más: la CNDH desembolsó 60 millones de pesos por seis episodios y parte de otro, sin que la serie estuviera disponible íntegramente en su canal de YouTube. El convenio establecía como fecha límite de entrega el 31 de diciembre de 2025, aunque los primeros rastros públicos de los episodios financiados por la Comisión aparecieron en agosto de 2026.
Tampoco se ha aclarado públicamente si hubo penalizaciones por retraso o modificaciones contractuales.
El silencio de los protagonistas
Ramírez Cuevas recibió cinco preguntas de Proceso sobre su intervención en el proyecto, sus relaciones con los involucrados y la eventual recepción de beneficios económicos. No respondió.
Tampoco contestaron satisfactoriamente los cuestionarios enviados a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, ni al administrador de Gravedad Cero.
Glockner admitió haber cedido los derechos de su libro, pero no precisó cuánto recibió por ellos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, reconoció en una conferencia que Ramírez Cuevas le había hablado de la serie.
El reportaje no demuestra que el exvocero haya recibido dinero por su participación ni acredita judicialmente tráfico de influencias o conflicto de interés. Sin embargo, deja documentada una trama de relaciones, contratos y decisiones administrativas que merece una explicación pública.
La otra herencia de Ramírez Cuevas: la comunicación como instrumento de confrontación
Más allá de los 84 millones de pesos y de las posibles irregularidades contractuales, el caso invita a revisar el papel que Ramírez Cuevas desempeñó en la transformación de la comunicación social del gobierno.
Durante el sexenio de López Obrador, las conferencias mañaneras dejaron de ser únicamente un mecanismo de información gubernamental para convertirse también en un escenario permanente de confrontación con periodistas, medios de comunicación, intelectuales y organizaciones críticas.
La exhibición selectiva de ingresos publicitarios, los señalamientos desde el poder, las descalificaciones y la estigmatización de comunicadores contribuyeron a crear un entorno de hostilidad hacia el periodismo independiente que podría haber propiciado el repunte de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos que permanecen, en su mayoría, en la impunidad total.
En ese contexto, Ramírez Cuevas fue una figura central de la maquinaria de comunicación presidencial: organizaba el espacio desde el cual se establecían las prioridades informativas, se confrontaba a los críticos y se construía una narrativa en la que la prensa incómoda aparecía frecuentemente como adversaria política.
El reportaje de Proceso no documenta por sí solo todas las agresiones contra periodistas ni permite atribuirle personalmente cada campaña de hostigamiento. Pero sí exhibe una contradicción que merece atención: el funcionario que participó en la construcción de una comunicación gubernamental de confrontación con la prensa crítica aparece ahora relacionado con una producción cultural financiada generosamente por el Estado, sin competencia entre proveedores.
La gran paradoja: austeridad para los críticos, generosidad para los cercanos
El caso “Los años heridos” concentra una pregunta incómoda para el obradorismo y para el gobierno que lo sucedió:
¿Por qué el dinero público que se consideraba cuestionable cuando beneficiaba a publicaciones críticas deja de ser objeto de escrutinio cuando financia proyectos relacionados con funcionarios y personas de su entorno?
La defensa de la memoria histórica, la denuncia de la represión y la reivindicación de las víctimas de la Guerra Sucia son causas legítimas y necesarias. Precisamente por ello no deberían utilizarse como escudos frente a las preguntas sobre el destino del presupuesto público.
La memoria histórica no puede convertirse en patente de corso para contratar sin competencia, multiplicar costos o eludir explicaciones sobre la probidad en el uso de los recursos.
Y en el terreno de la comunicación política queda una lección todavía más preocupante: cuando el gobierno confunde crítica con enemistad, periodismo con conspiración y propaganda con información pública, la libertad de expresión termina pagando una factura que no aparece en ningún contrato.
El hombre que en 2020 exhibía desde Palacio Nacional las facturas de sus adversarios tiene ahora que explicar las suyas.
Porque una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta es decidir quiénes pueden beneficiarse del presupuesto sin tener que dar explicaciones.
