martes, noviembre 12

Gobierno y criminales, aliados para el saqueo: Por Jesús López Segura / La Versión no Oficial

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Los medios hegemónicos, especialistas del encubrimiento

 

 

Dice Humberto Padgett, el reportero estrella de Ciro Gómez Leyva, que hay un problema de disfuncionalidad en los penales del Estado de México (y por extensión, en el resto del país). Su argumento es que los penales mexiquenses cumplen una labor contraria a aquélla para la que fueron concebidos, es decir, la de “reinsertar a los reclusos en la sociedad”. Los famosos videos donde “El Tatos” tortura a otros reos, revelan que esos centros son, por el contrario, escuelas del crimen, donde los presos aprenden nuevas y más sofisticadas formas de delinquir.

Para el reportero que dio a conocer la presunta pederastia de Eruviel Ávila y la venta de drogas en Ciudad Universitaria, la nota en este caso es la disfuncionalidad de los centros de reinserción social del Edomex, y no su eficaz funcionalidad como centros especializados para la extorsión masiva de las familias de los reos. Los penales mexiquenses son disfuncionales respecto de los objetivos para los que fueron creados, sí, pero muy funcionales desde el punto de vista de los intereses económicos y de control de la mafia carcelaria y sus cómplices gubernamentales. Ésa es la verdadera nota, pero Imagen TV y Por la Mañana de Telefórmula no quieren saber nada de eso…

Se trata de un enfoque típicamente funcionalista del periodismo aparentemente crítico pero, en realidad, complaciente con el sistema al que dice cuestionar. Una revisión cuidadosa de los videos no permite concluir otra cosa que El Tatos operaba como un agente de extorsión al servicio de las autoridades penitenciarias y de otros niveles del gobierno durante la administración de Eruviel Ávila.

Es impensable el nivel de control mostrado por los presos que este viernes retuvieron al nuevo director del penal durante 9 horas, vejándolo y amenazándolo de muerte, junto con el jefe de custodios, sin una colaboración decidida de la burocracia penitenciaria heredada del anterior gobierno.

Parece que al nuevo gobernador Del Mazo no le bastará con haber cambiado al director del penal, si realmente quiere reordenar el sistema penitenciario de la entidad, porque la burocracia incrustada en todo el sistema, perfilada para las labores de extorsión masiva de las familias de los reclusos probablemente durante todo el sexenio anterior, desea mantener sus privilegios aun con el cambio de autoridades gubernamentales.

El Tatos” pasaba de un penal a otro durante sus 10 años de reclusión, sin sentencia -lo que revela una posible colaboración del Poder Judicial-, capacitando a reos para ejercer las labores de extorsión contra los familiares de los reclusos a los que torturaba, en beneficio de autoridades de diversos niveles en la administración del ex gobernador.

El énfasis puesto en la edición de ayer de Ciro Gómez atacando al Tatos e insistiendo en que los reclusos no colaboran con la policía, revela la intención de este comunicador de encubrir la verdadera función de ese criminal, es decir, la de operador al servicio de las autoridades. Por eso El Tatos se dijo traicionado cuando lo remiten a un centro de alta seguridad.

El hecho de que un estudio elaborado en Estados Unidos plantee que Los “Z” tenían controladas por completo las plazas de Coahuila y Veracruz, mediante sobornos millonarios a los Moreira y a Fidel Herrera, revela un idéntico modus operandi que el que ha permitido a los Duarte, a Borge y a otros tantos gobernantes saquear sus respectivos estados, ante la mirada impávida de un gobierno federal que sólo actúa, y a medias, ante la inminencia de un proceso electoral riesgoso. El soborno y la extorsión en México se dan desde la más humilde mazmorra del Estado de México, hasta los más altos niveles de corrupción gubernamental.

Es la misma estrategia que se usó para exonerar a Emilio Lozoya, llevándose entre los pies a un procurador y a un fiscal para delitos electorales, o para hacerse de la vista gorda frente a las escandalosas revelaciones del Paradise Papers, donde ladrones sindicales, empresarios y políticos que depositan sus fortunas mal habidas en paraísos fiscales, son protegidos por el inminente candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, con argumentos como el de que depositar el dinero en el exterior no es un delito, como si trasladar fuertes cantidades a esos paraísos fiscales no tuviera la intención, en el 99% de los casos, de evadir impuestos.

El crimen organizado opera bajo la vigilancia y protección de autoridades de los más diversos niveles y no sólo en delitos de cuello blanco, sino en las más burdas extorsiones penitenciarias. Es mediante la corrupción a gran escala que se logra la transferencia de la riqueza social a unas cuantas manos. Es la insaciable voracidad neoliberal la que permite que el 10 por ciento de la población controle 67 por ciento de la riqueza nacional y que el 99% de los delitos en este país queden totalmente impunes. Hay una correlación absoluta en las cifras del saqueo.

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