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Editorial

Dice el alcalde toluqueño que “protege a periodistas”. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

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Su vocero establece acuerdos verbales que después incumple, dañando financieramente a los medios de comunicación

El alcalde prianmorenista de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, envía un boletín de prensa en el que se plantea:

Toluca reconoce y protege a las personas que ejercen el periodismo. Se busca respetar la libertad de expresión en la capital”

“El gobierno municipal de Toluca refrendó su compromiso de reconocer y proteger a las personas que ejercen la actividad informativa, durante su participación en la plática “Libertad de Expresión” impartida por la CNDH y enmarcada en el Día Internacional del Periodista, celebrado el pasado martes”…

“Recordó que a través de acciones específicas se ha consolidado la protección de la libertad de expresión y reconocimiento de la labor de los profesionales de los medios de comunicación” [desde luego el boletín no menciona una sola de esas “acciones específicas”]…

“En este contexto [remata el boletín de marras], la Defensoría e integrantes del Cabildo de Toluca participaron en la videoconferencia impartida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para continuar profesionalizándose en el tema y brindar un mejor servicio a los periodistas y a la ciudadanía en general”.

HASTA AQUÍ EL BOLETÍN.

¿”Un mejor servicio a los periodistas“? ¿Los gobiernos les prestan “servicios” a los periodistas?

No don Juan Rodolfo (o quien sea que haya redactado ese boletín), es al revés. La prensa le presta un servicio al ayuntamiento. Y el municipio debería actuar con absoluta seriedad en sus compromisos con los medios para la prestación de ese servicio. Pero la realidad del ayuntamiento de Juan Rodolfo Sánchez respecto de sus relaciones con la prensa dista mucho de las alucinaciones de su vocero.

Marco Aguilar juega con las expectativas de los medios de comunicación con los que establece “convenios de publicidad anuales”, en forma verbal, pero luego pueden pasar años sin que cumpla sus compromisos, culpando de ello invariablemente a la Tesorería e insinuando que su jefe, el alcalde, se va de la lengua con los dueños de los medios con los que establece acuerdos que luego no va a cumplir.

Los medios vivimos de la publicidad que contratan nuestros clientes, en este caso un ayuntamiento que desea difundir su obra de gobierno para que la ciudadanía se entere y no esperamos que una autoridad municipal nos “brinde un servicio” más allá del que cualquier ciudadano espera de parte de sus autoridades.

La visión paternalista de tratar de conmover a la opinión pública con una retórica hueca sobre la protección simulada a periodistas (que constituimos, efectivamente, un sector poblacional vulnerable por la naturaleza de nuestra labor) resulta ofensiva por el hecho mismo de que trata de usarnos (en su precampaña electoral) para proyectarse como una persona preocupada por nosotros, cuando no solamente no ha tomado una sola medida concreta en ese sentido, sino que nos engaña y roba de una manera muy simple:

Aguilar establece un convenio verbal para este año, vía telefónica, con el dueño de un medio cualquiera, pero le debe cientos de miles de pesos (o más) del año anterior. El representante del medio tiene que dar 25 mil vueltas a la Tesorería del ayuntamiento sin que le paguen, mientras Aguilar y el alcalde platican con él sobre la “inminente posibilidad de pago” y sobre los planes para el presente año con ese mismo medio.

El servicio, entonces, se sigue prestando. Pero para cuando ya pasa otro medio año y no se liquida lo del anterior, Aguilar le dice al dueño del medio que mejor se cancela el convenio para el presente periodo hasta liquidar lo del año anterior, “a fin de evitar mayores problemas”. Así, nada tonto, obtiene año y medio de publicidad gratuita.

Pero nadie se atreve a reclamar legalmente (porque el convenio fue verbal), ni tampoco públicamente, porque los medios se ruborizan al reconocer que establecen convenios de publicidad con gobiernos, como si esa forma natural de financiamiento, perfectamente legal por lo demás, fuera deshonrosa o cuestionable.

En ese prurito finca Marco Aguilar sus fraudes, avalados por un alcalde que se hace de la vista gorda porque quizá toda esta delincuencia organizada -orquestada por el alcalde, el tesorero y el vocero- contra la prensa (a la que ahora fingen “proteger”) les signifique un beneficio personal más que un ahorro ilegal para las finanzas del ayuntamiento.

¿Tendrá idea la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la forma en que también fue utilizada?

¡No hombre! ¡Si son unos genios!

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