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Andrés Manuel López Obrador

Descalabros en el discurso presidencial. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

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Ni todos los prianperredistas son corruptos, ni todos los morenistas inmaculados

La narrativa del Presidente López Obrador en general, pero sobre todo en los rubros de su estrategia de combate a la corrupción y a la inseguridad –dos de las principales prioridades de su gobierno– está haciendo agua a últimas fechas por su afán de categorizar a todos los que él llama “conservadores” como corruptos y saqueadores incorregibles, a los que hay que vapulear verbalmente a fin de que pierdan su respetabilidad, es decir, su viabilidad electoral, mientras sigue defendiendo a sus correligionarios señalados por corrupción como si todos ellos fueran inmaculados.

Tal categorización de los mexicanos en dos bandos contrapuestos, expresamente señalados como irreconciliables (“no somos iguales”), ha llevado a una polarización que atenta contra la indispensable unidad nacional que se requiere para afrontar los gravísimos problemas que, ciertamente, heredó esta administración de las anteriores. El resultado colateral de esa polarización está haciendo crecer a una tercera opción típicamente oportunista como Movimiento Ciudadano.

Independientemente de su filiación partidista, los mafiosos que abundaron en un país que no consideraba la corrupción como un delito grave, deben ser castigados con todo el peso de la ley, empezando por sus jefes. En vez de eso, el presidente López Obrador y muchos de sus seguidores tienden a señalar que todos los miembros de esos partidos son igualmente corruptos, generalizando de tal manera que no se juzgue a delincuentes específicos, de carne y hueso, para aplicarles la ley, sino que se usen las tropelías de unos cuantos, para atacar a su organización política en general, con la intención –consciente o inconsciente, deliberada o no– de arruinar su imagen electoral.

Desde luego que no ayuda a la causa de esos partidos hacerse de la vista gorda con las canalladas cometidas por algunos de sus correligionarios del más alto nivel político. Si reconocieran los abusos imperdonables de aquéllos a los que llevaron incluso a la Presidencia de la República, quizá no estarían sufriendo la debacle electoral que los tiene al borde de la extinción.

AMLO reiteró que no piensa promover juicios contra el expresidente Calderón –ni contra ningún otro ex presidente–, incluso después de que el ministro Arturo Zaldívar lo acusara de haber encabezado una “Operación de Estado” para encubrir a los parientes de Margarita Zavala, luego de las atrocidades cometidas a consecuencia del incendio de la Guardería ABC, como la de impedir que se llevara a niños moribundos a que los atendieran en Estados Unidos, “para no hacer crecer el escándalo a nivel internacional”.

No es cualquier hijo de vecina el que está denunciando públicamente este crimen de lesa humanidad. Lo hace nada menos que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir el Jefe del Poder Judicial, y nadie debería poner en duda la certeza y confiabilidad de tan grave denuncia. Pero el jefe del Ejecutivo se siente con el poder suficiente como para desdeñarla con un discurso que abiertamente constituye un desafío al Estado de Derecho:

“Desde un principio dejé claro que no quiero juzgar a expresidentes, y que solo lo haría si el pueblo lo demandara. Como la consulta al respecto salió positiva, pero sin el número de votos suficientes –dijo, palabras más o menos López Obrador–, lo mejor es lograr que no se repitan esos actos de barbarie, mediante la condena moral de los perpetradores…”

Así que los jefes de la mafia del poder, los que ocupan el peldaño más alto en la escalera de la corrupción, solo deben recibir una condena moral, y ser castigados con el látigo de nuestro desprecio, reitera quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución encabezando un movimiento presuntamente equiparable a las grandes gestas históricas de nuestro país, al mismo tiempo que premia a Claudia Pavlovich, otra de las cínicas encubridoras de los Zavala, con el consulado en Barcelona, para ofensa de los padres de los bebés sacrificados.

El mandatario enfatizó que lo que más le indignó de la tragedia de la guardería ABC, fue que los panistas usaran ese terrible crimen para sacar raja política e imponer a Guillermo Padrés en la Gubernatura de Sonora, aunque nunca pudo explicar en qué lógica política podría haber ocurrido una aberración semejante y justificar cómo es posible que le indigne más el oportunismo político que la infamia de negarle a niños quemados la atención médica de excelencia en Estados Unidos, solo para no hacer más grande el escándalo a nivel internacional.

“La condena moral” a sus adversarios políticos “conservadores” parece ser la mejor estrategia de campaña de López Obrador para desprestigiarlos a diario, usando la investidura y los recursos presidenciales, lo cual constituye un acto moral y jurídicamente reprochable desde cualquier óptica.

Y la mejor prueba de que AMLO usa esa estrategia como herramienta electoral, muy mal disfrazada por cierto, la provee cuando es cuestionado sobre la descarada declaración de su correligionario veracruzano, el desgobernador Cuitláhuac García, sobre su intención de ultrajar a la Suprema Corte de Justicia, disfrazando el repudiado delito de “ultrajes a la autoridad” (que tiene presos en ese estado a más de 4 mil inocentes) poniéndole un nombre distinto para burlar a la máxima autoridad judicial del país y seguir torturando a los veracruzanos que osan cuestionarlo.

“Y me preguntas que los de ese partido [el PAN] están ahora en contra de lo del ultraje. ¿Qué trascendencia puede tener eso, si no somos iguales, si en nuestro Gobierno no hay represión, no hay masacres, ni tortura, si se respetan los derechos humanos? El nuevo ideólogo del conservadurismo –como ya no les funciona Krauze ni Aguilar Camín o Loret, ahora el nuevo ideólogo es CHUMEL” dijo López Obrador eludiendo la pregunta, aunque levemente sugirió estar en contra de que las autoridades limiten la libertad de expresión ciudadana, matiz que llevó a al jarocho con ínfulas de dictadorzuelo bananero a recular en su intención de ultrajar a la Corte.

Consultado sobre la colocación de espectaculares en distintos puntos del país en los que se promueve la consulta de revocación con su imagen, por ejemplo, el mandatario dijo: “Pues que lo vea el INE, pero si los ciudadanos quieren participar y quieren que se sepa, pues yo creo que sí tienen derecho de difundir”.

En el tema del baño de sangre ininterrumpido en el que Calderón convirtió a nuestro país, López Obrador insiste en su “estrategia” de los abrazos, pero meramente verbales, porque un abrazo de verdad a los narcotraficantes, por ejemplo, hubiera sido legalizar el consumo de mariguana y cocaína, de modo que recibieran la oportunidad de seguirse dedicando al negocio pero de manera lícita, pagando un dineral de impuestos que hubieran servido para combatir eficazmente las adicciones y proveer a todos los jóvenes con becas sustanciosas, eficaces para blindarlos y no puedan ser reclutados por la delincuencia.

Dice don Andrés –mientras los criminales mueren, pero de la risa– que su estrategia de combatir las causas de la delincuencia lleva tiempo. Pues va que vuela para el cuarto año de gobierno y la criminalidad sigue vivita y coleando, con leves bajas, de acuerdo, pero por la pandemia, no por los abrazos.

El prejuicio del mandatario contra los balazos proviene de su idea, equivocada, de que la violencia legítima del Estado solo puede traducirse en las masacres que ordenaban –según él mismo ha denunciado sin que ello tenga consecuencias judiciales– sus antecesores, especialmente Calderón, cuyo brazo derecho está siendo juzgado en Estados Unidos porque la verdad, aquí, ¡estaría gozando de la misma libertad que los hijos del Chapo y el general Cienfuegos!

La narrativa presidencial sobre la estrategia contra el crimen organizado ha llegado por estos días a los extremos tragicómicos de hacerle un llamado a los jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación, no a que cesen las matanzas por el bien de México, por ejemplo, sino a que le cambien el nombre a su organización criminal “porque perjudican la imagen” de ese estado de la República.

Alguien tiene que hacerle un llamado urgente al Presidente –al que cada vez me cuesta más trabajo considerar un hombre bueno y bien intencionado– para que se rodee de asesores expertos y, sobre todo, los escuche, porque a este paso de usar la investidura presidencial para polarizar al país en dos extremos de caricatura: “conservadores corruptos versus morenistas inmaculados”, no pueden esperarse sino muchas más desgracias de las que ya nos aquejan.

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