Como no se tuvo que quemar el cartucho en la elección del Edomex, ¿se reserva para la presidencial?

La repentina iniciativa de la UIF de Pablo Gómez para aumentar en 200%, es decir, de 10 millones de dólares a 30 millones la exigencia de “reparación del daño” a Emilio Lozoya por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados, indica que la tersura de la cesión de la plaza del Edomex hizo innecesario usar el misil del encarcelamiento de Peña y sus secuaces, esa poderosa arma de destrucción electoral que puede, entonces, reservarse -por si hiciera falta- en los comicios del domingo 2 de julio de 2024, que será la elección más grande en la historia del país, en la que se decidirá quién será el próximo Presidente de México, pero además se renovarán los gobiernos de nueve estados y serán elegidos 128 Senadores y 500 Diputados Federales.

Como resultado de esta acción aparentemente incomprensible, Emilio Lozoya reprochó a AMLO por no procesar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, supuestos peces gordos detrás del “criterio de oportunidad” mediante el cual se pretendía darle al ex director de Pemex la calidad de “testigo colaborador”.

Descaradamente, Gerardo García Morales, representante de la UIF, informó que la orden de triplicar el monto de la “reparación del daño” vino del titular de esa dependencia, Pablo Gómez, “tras una instrucción en el gobierno federal“, como lo reporta la revista Proceso.

Las imágenes de ayer en La Mañanera, que dieron marco a los planes de correrle la cortesía a Alfredo del Mazo de inaugurar (horas antes de abandonar la gubernatura, el próximo 14 de septiembre) el tramo mexiquense del tren México-Toluca, revelan con toda claridad (para quien quiera verlo, porque muchos prefieren cerrar los ojos a la realidad) que la luna de miel “primorosa” entre ambos mandatarios, con Delfina Gómez como testigo, permanecerá hasta el final de los tiempos, porque don Andrés sabe cumplir con sus compromisos de impunidad como el adquirido con “el licenciado Peña Nieto” a quien profesa “consideración y respeto” por no haberle robado la elección, pero siempre y cuando tales compromisos no afecten sus planes electorales de desterrar de la faz de la tierra no a los dirigentes corruptos, sino a los partidos que los cobijaron.

Por eso Emilio Lozoya se pregunta ¿por qué actúan legalmente en su contra, pero no contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray? ¿Por qué a un asunto estrictamente judicial se le da un tratamiento evidentemente político? ¿Por qué un Presidente que se las da de justiciero desaprovecha la oportunidad de encarcelar a “los peores saqueadores de nuestra historia” despreciando la calidad de “testigo colaborador” que le prometieron y usando la “reparación del daño” como instrumento de extorsión?